Las asociaciones judiciales se rebelan contra el intento por controlar la justicia por parte del Gobierno
Las asociaciones constitucionales han avisado de que la nueva proposición de ley registrada por el PSOE en el Congreso es inconstitucional.
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Las cuatro asociaciones de jueces se han mostrado en contra de la proposición de ley registrada en el Congreso de los Diputados por el PSOE porque "inutiliza" la acción popular en los procesos judiciales, y es "inconstitucional". Además, han añadido que parece que se ha creado para "su específica aplicación a casos concretos".
La propuesta la ha anunciado el portavoz socialista, Patxi López, tras lo vivido en los últimos meses contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno, lo que consideran acoso. El objetivo de la ley es que no se puedan abrir procesos penales con querellas basadas en recortes de prensa.
Ahora mismo en los Tribunales hay abiertas varias causas judiciales como el caso Koldo o las investigaciones contra miembros del entorno de Sánchez, como la de su mujer, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez.
Consideran que busca la impunidad en las causas abiertas
Mará Jesús del Barco, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha expresado que la modificación de la figura de las acusaciones parece buscar "la impunidad" si se atiende "a las causas abiertas". "La impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad" ha añadido.
Además, no se ha mostrado muy segura sobre si casa con la Constitución: Hay serias dudas de que sea constitucional". Para ella, esta reforma tendría encaje en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que pretende salir a lo largo de 2025.
No entienden que se deje fuera a los partidos políticos
Del Barco también ha criticado que se excluya de esta norma a las formaciones políticas porque "se ha hecho un uso abusivo de la acción popular por parte de todos los partidos políticos". Aspecto al que se ha sumado Edmundo Rodríguez, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que lo ha calificado como "desacertado".
Rodríguez es el único que ve como un acierto la derogación delito ofensa a sentimientos religiosos para garantizar "la plena libertad de expresión".
María Jesús del Barco ha recordado la independencia de los jueces porque "están obligados a serlo" pero que "a lo mejor (la norma) no pretende preservar esa independencia".
Por su parte, Sergio Oliva, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), también se ha mostrado de acuerdo con Del Barco y ha añadido que el PSOE "acude conscientemente a la peor de las técnicas legislativas imaginables".
Críticas contra la modificación de la LOPJ
Por otra parte, Oliva ha asegurado que "hay que confiar en la imparcialidad judicial". Al igual que Del Barco, ha criticado la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para recusar a jueces que hayan realizado manifestaciones políticas. Han señalado que resulta "preocupante" que siempre se dude de los jueces como colectivo.
El cuarto representante de los jueces, Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI) también se ha mostrado contrario a la propuesta y ha manifestado que si las noticias reproducen "una fotografía, una declaración o un documento --como el caso de la querella contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno-- pues, efectivamente, debe ir para adelante". Sobre la modificación de la LOPJ ha dicho que "tiene reservas" porque se entra en el terreno subjetivo.