La iniciativa se desarrolla a partir de una proposición de ley de Podemos que se ha remitido al resto de grupos parlamentarios para que la estudien, con el objetivo de votarla el próximo lunes, 26 de septiembre, porque la intención es que se aplique cuanto antes porque "el frío está a la vuelta de la esquina", apunta en una nota el diputado de Podemos Nacho Escartín.
Añade que según el texto, el umbral económico para evitar el corte de suministro asciende hasta los 1.331 euros mensuales para los hogares con hijos menores de edad, dependientes o enfermos crónicos, o bien los que están o se han visto inmersos en procesos de desahucio.
La ley prevé contribuir desde la administración pública con el 50 o el 75 por ciento de la factura del suministro. En los casos de especial vulnerabilidad, con rentas por debajo de 532,51 euros mensuales o de 798,77 euros si hay menores, dependientes, enfermos crónicos o procesos de desahucio, la cobertura podría llegar hasta el 100 % de la factura.
La principal novedad que aporta la norma es "superar el parcheo", según Escartín, ya que este tipo de necesidades se cubren hasta ahora con ayudas de urgencia para emergencia energética. "Al tener fuerza de ley, que la gente no pase frío en invierno ya no dependerá de la buena voluntad del gobierno de turno, sino que se trata de un derecho social con un procedimiento que refuerza su eficacia", ha explicado.
Otra de las novedades de la ley es su carácter preventivo, ya que introduce medidas para que los servicios sociales puedan actuar antes de que se realice el corte. Por un lado, los avisos de corte de suministro que envían las compañías eléctricas incorporarán información sobre la existencia de esta ayuda contra la pobreza energética y sobre cómo pedirla.
Y por otro lado, una vez que el afectado inicie el procedimiento de pedir la ayuda, las compañías eléctricas no podrán cortar el suministro como medida cautelar.