La acusación popular pide que el Supremo investigue a José Luis Ábalos también por el caso Hidrocarburos

El Partido Popular trata de atajar la peculiar situación procedimental del caso Ábalos, que se investiga en el Tribunal Supremo por supuestas comisiones en la compra de mascarillas mientras las pesquisas le atribuyen al ex ministro el cobro de una comisión en forma de chalé por sus gestiones para otra trama, la del caso Hidrocarburos, que se instruye en la Audiencia Nacional.

La representación letrada del PP, acusación popular en esta causa, sostiene que la investigación ha acreditado que el conseguidor Víctor de Aldama contactó con el entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y con su asesor Koldo García con el objetivo de que realizaran las gestiones oportunas para conseguir una licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel, empresa investigada en el caso Hidrocarburos.

“Como contraprestación”, Claudio Rivas, socio de Aldama y las empresarias Carmen Pano y Leonor González Pano -todos ellos imputados en la causa de la Audiencia Nacional-, habrían adquirido una vivienda en Cádiz para retribuir al ministro por sus “buenos oficios”, según un escrito del PP presentado ante el juez del caso Hidrocarburos Santiago Pedraz.

El PP sostiene que para investigar sobre la concesión de la licencia de operador de hidrocarburos de Villafuel es imprescindible indagar sobre el “rol desempeñado por José Luis Ábalos”. Dada la condición de aforado que tiene el ex ministro y hoy diputado, esta “actuación investigadora solo puede ser desempeñada” por el Tribunal Supremo.

El escrito recuerda que el propio magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente ha citado el próximo 25 de febrero como testigos a Carmen Pano y su hija Leonor, las empresarias que han afirmado en una entrevista y ante la UCO haber llevado 900.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz. Esta testifical es “buena prueba” de la vinculación de esta licencia de Villafuel con los hechos investigados en el Supremo.

Escisión de la causa

Para el PP, es imposible continuar con la investigación sobre el caso Hidrocarburos sin afectar a la condición procesal de Ábalos. En consecuencia solicita al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que proceda a “escindir el presente procedimiento en dos bloques diferenciados, ya no solo desde un punto de vista material, sino también formal”, y que sea la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que asuma la investigación de la obtención de esta licencia de operador.

Para ello, el juez tendría que inhibirse parcialmente en favor del Supremo en lo que concierne a la operativa relativa a esta obtención de licencia.

También solicitan al juez Pedraz que requiera los expedientes completos de inscripción en los listados de operadores al por mayor de productos petrolíferos de VILLAFUEL tramitados tanto ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

Además, piden que el magistrado le remita toda esta información al Tribunal Supremo cuando eleve una exposición razonada para solicitar que investigue al aforado Ábalos también por esta parte del caso Hidrocarburos.

Fuentes jurídicas informan a Onda Cero de que el PP también se ha dirigido al Supremo para poner en su conocimiento este escrito registrado el pasado 10 de febrero ante la Audiencia Nacional .