La Fiscalía Europea informó este jueves de que ha acudido a las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas para solicitar datos referidos a una causa por un posible fraude con el dinero europeo empleado en comprar las pulseras telemáticas con las que se vigila a maltratadores.
La investigación se sigue por "un presunto delito de fraude" en el uso de esos fondos. Las pulseras se emplean para controlar que se cumplen las medidas cautelares y las condenas impuestas en casos de violencia de género.
Las pesquisas, iniciadas el año pasado, se apoyan en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La Fiscalía de la UE no ha aportado más datos: "No se facilitarán más detalles sobre el estado de la investigación", se limita a señalar su comunicado.
De esta forma, la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato llega a las sedes de Igualdad y del Tribunal de Cuentas. La nota no detalla qué documentos se han requerido ni si hay investigados. Tampoco explica qué papel tiene en los hechos el órgano fiscalizador.
El caso arranca de una denuncia que la Oficina Antifraude de la Intervención General del Estado envió a la Fiscalía Europea en noviembre de 2025. En ella alertaba de que el ministerio podía haber conseguido y administrado de forma irregular unos 45 millones de euros de los fondos de recuperación para financiar el seguimiento telemático de agresores.
Uno de los puntos que la oficina señalaba como irregular era el documento con el que Igualdad justificó su solicitud de esos fondos. La gestión del sistema Cometa, que antes llevaba Telefónica, había pasado en octubre de 2023 a Vodafone y Securitas Seguridad España, que concurrieron en unión temporal. El relevo exigió trasladar todos los datos al nuevo operador.
Ese traspaso es el origen de los problemas que reveló en septiembre de 2025 la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Durante un tiempo no pudo accederse a parte de la información de las pulseras, lo que acabó en causas archivadas y agresores absueltos. El departamento de Ana Redondo sostuvo que el fallo quedó resuelto en 2024.
Posteriormente, el ministerio sancionó a Vodafone con 25.285 euros por la interrupción del servicio del 11 de noviembre de 2025.