Fernández Díaz ha recordado que el día 8 de julio del año pasado el PP tramitó varias preguntas sobre este asunto al equipo de gobierno municipal y, "pudiendo responderlo en un mes, contestaron casi medio año después, en enero, cuando el contrato ya estaba extinguido".
El concejal popular cree, por tanto, que Colau "no puede alegar que desconocía la existencia del contrato, ni puede decir que nadie le había reclamado la rescisión, porque una de las preguntas de nuestro grupo era si estaba prevista una rescisión anticipada".
Es por este motivo que Fernández Díaz afirma que: "Si Xavier Trias firmó el contrato, Ada Colau no lo rescindió, con lo que uno es responsable por acción y ella es corresponsable por omisión, porque ni rescindió ni revisó la legalidad de aquel documento".
Por otra parte, subraya y lamenta que en la respuesta recibida de Eloi Badia, concejal del distrito de Gràcia, no se habla de las personas que estaban en el local como de "okupas" sino como "usuarios".
En la respuesta de Badia, a la que ha tenido acceso Efe, éste indica que el contrato de alquiler fue cancelado el día 31 de diciembre de 2015 y agrega que: "desde el gobierno municipal en ningún caso se entiende la lógica de pagar un alquiler en el espacio del Banco Expropiado, sin haberlo pactado y coordinado con los usuarios del mismo", en alusión a los okupas.
A la vez, contesta al grupo popular que no ha sido el distrito de Gràcia el que ha realizado el pago del alquiler, si no que lo hacía directamente "la Dirección de Patrimonio e Inversiones del Ayuntamiento de Barcelona que formalizó este contrato administrativo".
Para Alberto Fernández, "es lamentable que Colau no califique a los okupas de okupas, sino de usuarios, lo que denota la condescendencia de la alcaldesa con este contrato".
Remacha el dirigente popular que Ada Colau "fue okupa hace unos años, ocupando ilegalmente viviendas municipales" y ahora le pide que "no ejerza de alcaldesa con 'k'".