El Supremo avala recortar subsidios por despidos elevados mientras la OIT prevé un repunte del paro juvenil

El Tribunal Supremo ha ratificado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) puede denegar el subsidio asistencial por desempleo a aquellos trabajadores que perciban una indemnización por despido superior a la establecida legalmente en el Estatuto de los Trabajadores.

Aunque la ley fija la indemnización mínima objetiva en 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, las cuantías pactadas que excedan dicho umbral (frecuentes en procesos como los Expedientes de Regulación de Empleo) pasan a computarse como ingresos mensuales prorrateados. De este modo, si la renta resultante supera el límite del 75 % del Salario Mínimo Interprofesional, el organismo público está legitimado para denegar el subsidio por incumplir el requisito de carencia de ingresos.

Esta doctrina judicial establece una clara separación entre el ámbito tributario y el de las ayudas asistenciales. Mientras que la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) permite que las indemnizaciones superiores al mínimo legal disfruten de exenciones fiscales hasta determinados límites, la Ley General de la Seguridad Social no contempla remisión alguna a dicho reglamento.

En consecuencia, una compensación económica puede resultar exenta de tributación en Hacienda y, de forma simultánea, computar como ingreso a efectos del SEPE para denegar la prestación asistencial. Sin embargo, este criterio no perjudica en ningún caso a la prestación contributiva por desempleo ordinaria, cuya duración y cuantía dependen exclusivamente de las cotizaciones previas del trabajador.

La inteligencia artificial amenaza con destruir los empleos de entrada al mercado

En paralelo a la reordenación de la protección social en España, el contexto laboral internacional muestra signos de deterioro para las nuevas generaciones.

Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) , unos 67 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años se encuentran desempleados en el mundo (un 12,4%), mientras que el 20% no estudia ni trabaja, según datos de El economista.

La irrupción de la inteligencia artificial se ha consolidado como un factor desestabilizador de primer orden: un 6,1% de los empleos juveniles está altamente expuesto a la automatización, destruyendo progresivamente las ocupaciones administrativas y de oficina que tradicionalmente han servido como puerta de entrada al mercado de trabajo.

El impacto tecnológico y el estancamiento económico golpean con especial dureza a regiones desarrolladas como Europa occidental y América del Norte, donde las tasas de paro juvenil han registrado incrementos de 0,8 y 1,6 puntos, respectivamente. Sin embargo, en el norte de África la desocupación roza ya el 22,6%, únicamente superada por los Estados árabes.

Por su parte, en zonas como el África subsahariana, el problema no reside tanto en el desempleo formal como en la extrema precariedad: casi nueve de cada diez trabajadores jóvenes se ven empujados a la economía informal sin estabilidad ni protección social, lo que lleva a la OIT a urgir políticas públicas inmediatas para frenar esta crisis generacional.