La constructora Ferrovial trasladará su sede social a Países Bajos tal y como ha votado su junta de accionistas. Una decisión que desde que se anunció hace poco más de un mes ha generado una enorme controversia entre el Gobierno y la compañía con cruces de acusaciones, descalificaciones personales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presidente de la constructora, Rafael del Pino y veladas amenazas sobre las consecuencias fiscales.
Al comienzo de la Junta de Accionistas, Rafael del Pino, ha recalcado que el traslado no se debe a "motivos fiscales", obedece a "objetivos societarios válidos" y, por tanto, permite acogerse al régimen de "neutralidad fiscal", en contra de lo advertido por el Gobierno y la Agencia Tributaria en los últimos días.
Del Pino ha hecho hincapié en que "los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán muy similares a los que está pagando antes de realizarla"
Entre las razones que explican el traslado a los Países Bajos están que este país cuenta con un marco jurídico "estable", con una calificación de la deuda positiva y que cotizar en la bolsa neerlandesa facilitaría una posterior cotización en los Estados Unidos con el objetivo final de "potenciar la internacionalización" de la compañía.
Concretamente, en el comunicado en el que la compañía lo anunció apuntaban las siguientes razones:
Precisamente, el portavoz de Ferrovial, Francisco Polo, insistió en una entrevista en 'Más de uno' en estas razones para este movimiento de la compañía:
El presidente de Ferrovial ha sido tajante en su comparecencia al afirmar que "Ferrovial no se va de España. Mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones, la contribución fiscal y la cotización en las bolsas españolas". En este sentido, en principio no habrá ningún cambio para los trabajadores.