Inflación disparada en España: la OCDE prevé una media del 8,1%
El último informe presentado por la OCDE preveía un nivel de inflación del 3,2%. La guerra en Ucrania, que comenzó en febrero, ha contribuido a que el IPC se dispare.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado este miércoles su informe semestral de Perspectivas Económicas. En el, augura un crecimiento del 4,1% a España, rebajándolo del 5,5% que había estimado en su última publicación el mes de diciembre. La inflación media también aumentará, pasando del 3% de 2021 a un 8,1%.
Estos datos contrastan con los ofrecidos por el Gobierno, que esperaba un crecimiento del 4,3% del producto interior bruto (PIB) este año y un 3,5% el año 2023. La Comisión Europea proyectó en mayo un índice de precios del 6,3% para el año 2022 y del 1,8 para 2023.
Los datos comunitarios también son preocupantes, ya que únicamente anticipa un aumento del 2,2% el próximo año, con una inflación que, pese a mostrarse menos fuerte, seguirá siendo del 4,8%.
Por la inflación
La OCDE se ha visto obligada a rebajar las expectativas de crecimiento por culpa de la incertidumbre, la inflación y la ralentización de la demanda externa que ha sufrido la economía española. Para el conjunto de 2022, la organización espera que la inflación se sitúe en el 8,1%, muy por encima del 3,2% que estimó en su último informe. Estos datos se relajarán en 2023, situándose en el 4,8%.
Crecimiento en los países desarrollados
La corrección a la baja de las previsiones de crecimiento ha sido generalizada, afectando de manera particular a los países de Europa continental. Mientras que el cambio de pronóstico afectó a España en 1,47 puntos porcentuales, países como Francia (1,83), Italia (2,09) y Alemania (2,19) han empeorado de manera más drástica sus datos.
Conforme a los autores del estudio, el PIB español crecerá en un 4,1% en 2022, cifras superiores a otros países desarrollados con grandes economías como son: Estados Unidos (2,5 %), Reino Unido (3,6 %), Italia (2,5 %), Francia (2,4 %) y Alemania (1,9 %). Estos valores no son tan positivos como parecen, ya que España se encuentra a la cola de la recuperación de actividad económica respecto a 2019, antes de que el COVID-19 comenzara a causar estragos.
La OCDE opina que los altos niveles de inflación y la incertidumbre de la guerra de Ucrania afectarán al gasto de las familias españolas, reduciéndolo. Los cuellos de botella en el aprovisionamiento de semiconductores también favorecerán a la limitación de la inversión privada y a las exportaciones.
Un alto nivel de deuda pública
Las medidas fiscales que se emplean para paliar los efectos de la subida del precio de la luz a corto plazo deben ser selectivas y temporales. Estas se dirigen a las familias y empresas más vulnerables, que se han visto muy afectadas por el encarecimiento de la energía. Los autores del estudio también consideran que debe aplicarse una estrategia de ajuste fiscal a medio plazo, de manera que el déficit y la deuda pública comiencen a descender de manera gradual. Sus previsiones contemplan una bajada del 5% del PIB en 2022 y del 4,2% en 2023.
La deuda pública se reducirá menos de lo que el Gobierno predijo, y seguirá siendo muy superior a los niveles pre-pandemia, que se situaban en el 98,3% del PIB. Mientras que en 2021 fue del 118,6%, este año disminuirá hasta el 115,6% y el año que viene al 113,1%. Los expertos de la OCDE también denotan que el porcentaje de los acuerdos salariales con cláusulas de indexación está creciendo, y podría contribuir a una mayor espiral inflacionista. En ello recae la importancia que tiene la existencia de un acuerdo de los agentes sociales que impida la situación.
Los agentes también han señalado la necesidad de una mayor cooperación entre los socios europeos, para que las interconexiones energéticas a España se vean aumentadas, y una mejora de la eficiencia energética. Los objetivos climáticos planteados por el país también precisan de "un marco regulatorio de largo plazo predecible" que ayuden a un uso efectivo de las energías renovables, marcando los incentivos para movilizar la inversión privada, la capacidad de almacenamiento de energía, una mejor gestión de la demanda y la digitalización de los procesos.