Cuatro años después de la creación del ingreso mínimo vital (IMV), esta prestación que reciben en España más de 730.000 hogares sigue presentando problemas de funcionamiento que perjudican a las familias más vulnerables, el último de ellos la reclamación de pagos por parte de la Seguridad Social que estas familias no pueden afrontar.
Para denunciarlo, una treintena de colectivos y entidades de intervención social y vecinal se ha manifestado este sábado en Madrid, como lleva haciendo los últimos tres años, en esta ocasión coincidiendo con la sentencia de un juzgado de Córdoba que ha fallado a favor de que una madre no tenga que devolver los 13.000 euros que le demandaba el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por cobro indebido.
Esta sentencia se basa en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que establece que los errores administrativos no deben ser corregidos a expensas del beneficiario, especialmente si este actúa de buena fe y se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
El portavoz de la plataforma que agrupa a estas entidades, Roberto Laborda, ha explicado a EFE que, dado que el INSS tarda más de un año en actualizar las prestaciones, "genera deudas que luego pide a las familias" y que estas no pueden devolver porque es el dinero que utilizan para su "supervivencia".
Laborda ha señalado que el propio INSS reconoce que este problema radica en que "no tiene actualizada la herramienta informática" y ha sostenido que "en cuatro años y medio bien podrían haber arreglado esos problemas informáticos".
La también portavoz de la plataforma Hontanares Avanza ha asegurado que una de cada cuatro familias beneficiarias está recibiendo peticiones de reembolso por fallos en el procedimiento y ha recordado que el Defensor del Pueblo se ha pronunciado a favor de que la administración no exija la devolución de cantidades cuyo importe es demasiado alto para los ingresos de la familia vulnerable.