Bruselas calcula que el Gobierno debe ajustar 3.000 millones en los PGE para rebajar el déficit

La Comisión Europea sigue sin comprar la senda de consolidación fiscal del Gobierno y estima que es necesario aplicar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 un ajuste de en torno a 3.000 millones de euros –ya sea a través de subidas de impuestos o una reducción del gasto público– para lograr que el déficit se reduzca hasta el objetivo del 3% del PIB.

Según las proyecciones que el Gobierno de Pedro Sánchez remitió a Bruselas a mediados de octubre en el Plan Presupuestario, el déficit cerrará en el 3,9% del PIB este año para reducirse en 2024 hasta el objetivo del 3%. Sin embargo, estas estimaciones se basan en un escenario sin medidas adicionales –es decir, con presupuestos prorrogados– y en el que decaerían todas las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno: también la rebaja del IVA de los alimentos que el Ejecutivo ha decidido esta semana prorrogar hasta junio de 2024.

El informe de previsiones económicas de otoño de la Comisión Europea, en cambio, enmienda esta senda y avisa de que, sin un ajuste fiscal equivalente a 0,2 puntos del PIB en los nuevos Presupuestos –3.000 millones de euros aproximadamente–, el déficit seguirá por encima del 3% del PIB en 2024 aunque finalicen todas las medidas antiinflacionarias –que calcula que tienen un coste conjunto de 2.700 millones–.

De este modo, ninguna de las dos estimaciones recoge el impacto presupuestario que tendrá ampliación de la rebaja fiscal sobre el IVA de los alimentos, que en el primer semestre de este año restó 626 millones de las arcas públicas. Tampoco contempla el coste que tendrá la gratuidad del transporte público para jóvenes y desempleados, todavía por calcular.

Aceleración de la recaudación

El Ejecutivo confía en poder financiar estas medidas con una reaceleración de los ingresos tributarios en el último trimestre del año. Según explicó la semana pasada el secretario de Hacienda, Jesús Gascón, la Agencia Tributaria prevé que los ingresos tributarios netos se incrementen en los últimos tres meses del año a costa de una moderación de las devoluciones de impuestos, que han crecido con fuerza en lo que va de año como consecuencia de los efectos de la inflación.

Ahora que se está "terminando de gestionar" la mayor parte de esa bolsa de devoluciones, la cartera dirigida por María Jesús Montero maneja unas estimaciones para el cierre de año que elevarían el crecimiento de la recaudación tributaria neta en el conjunto del año hasta el 5% interanual, frente al 4,5% acumulado hasta septiembre.

De producirse una mejora de los ingresos tributarios de estas dimensiones, el Gobierno contaría con unos 1.275 millones más de margen fiscal que en un hipotético escenario lineal en el que se replicase la tendencia acumulada en los primeros nueve meses del año durante los últimos tres. De ser así, el Ejecutivo podría financiar la prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos sin incrementar el déficit, aunque estaría por ver la gratuidad del transporte público.

Reglas fiscales

Sin embargo, este escenario no está garantizado. Y, con la información disponible hasta el momento, la Comisión Europea considera que España debe hacer un mayor esfuerzo fiscal para rebajar el déficit hasta el 3% del PIB. Esta cifra no solo es el compromiso que España ha trasladado a Bruselas para 2024. También es la tasa de referencia para el cumplimiento de las reglas fiscales, que volverán a entrar en vigor el próximo 1 de enero tras tres años en suspensión por la pandemia de covid-19.

De no ajustarse a estas reglas, Bruselas puede abrir a España un procedimiento de déficit excesivo en primavera, con el que exija al Gobierno un plan de medidas y políticas correctoras para reorganizar las cuentas públicas. Y, de no cumplir con las recomendaciones de la Comisión, cabe la posibilidad de que el Ejecutivo comunitario imponga sanciones milmillonarias.

No obstante, los 27 Estados miembros de la UE han acelerado las negociaciones para aprobar unas nuevas reglas fiscales –que previsiblemente entrarán en vigor a lo largo del próximo año–, que harán que evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales sea más complejo que simplemente comprobar si el déficit se situó por encima o por debajo del 3% del PIB. El hipotético acuerdo, además, podría suavizar las multas.

España ya sabe lo que es tener abierto un procedimiento de déficit excesivo. Lo experimentó entre 2009 y 2018 durante la crisis del euro –que en su punto más álgido causó la apertura de 24 expedientes–. La decisión que tome Bruselas a partir de abril se basará en los datos de 2023. En este sentido, cabe subrayar que Bruselas prevé que el déficit público cierre en España en el 4,1% del PIB, mientras el Gobierno habla de un 3,9%, cifras muy elevadas con respecto al 3% de referencia.