El juez Piña se aparta de Bedoya y los interrogatorios se posponen

La recusación contra el juez Antonio Piña registrada el jueves por el exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, pospondrá el desfile de imputados en bloque de PSOE y BNG por la adjudicación sin publicidad, en 2008, de la reforma de la calle Bedoya. Los interrogatorios, previstos para esta semana, se han aplazado "sin fecha".

En una providencia del viernes comunicada ayer a las partes, el magistrado Antonio Piña inicia el trámite a la petición de los dos políticos del PSOE tras exponer, primero, que los motivos alegados "no tienen encaje" para ser recusado y "podría rechazar" la maniobra.

Hasta que la Audiencia, órgano competente, decida si hay base para descartarlo como instructor del caso, el titular del juzgado Número Dos opta por apartarse temporalmente de la causa, una de las siete que cercan al gobierno de Ourense. Piña ha tomado la decisión "a fin de garantizar la legitimidad de quien instruye" .

Su compañero Leonardo Álvarez, responsable del Número Uno y de la investigación de cinco de los procesos que atañen al Ayuntamiento, ha pasado a asumir la causa como sustituto legal, según la organización interna del Pazo de Xustiza.

Apenas horas después de la decisión, Álvarez ponía su firma ayer para autorizar una nueva diligencia pero, sobrado del trabajo de sus instrucciones y juicios, se ha decantado por suspender los interrogatorios "sin fecha y por incompatibilidad de agenda", según sus propias palabras. El TSXG matizó después que Álvarez "ha decidido esperar" hasta recibir la documentación solicitada sobre los reparos del interventor al pago de las obras que levantó, por, decreto el exalcalde, Francisco Rodríguez.

Ayer era el turno de los tres titulares de empresas vinculadas a la adjudicataria, la constructora ourensana OCA, SA, a los que Piña, antes de ser recusado, imputó en un auto de 10 de marzo. Alguno se enteró de los cambios mientras esperaba a las puertas del juzgado.

El instructor también había citado, con notificación efectiva del viernes, -un día después de que se formulara la recusación- al asesor jurídico jefe. El funcionario ya declaró ante el juez recusado el 22 de enero. En calidad de imputado, dijo que en el expediente de Bedoya, un procedimiento negociado y sin publicidad por razones de urgencia, no hubo "ningún informe jurídico". Eran preceptivos el del interventor y el suyo propio.

Rodríguez y Soto por iniciativa común -comparten abogado- y el alcalde, Agustín Fernández y el exedil Demetrio Espinosa -por adhesión, lo que podrían secundar ahora más partes- dudaron de la "neutralidad" del magistrado tras recabar un dosier con comentarios de su perfil de Facebook y fotografías en la misma red social junto a Armando Ojea que denotarían un amistad manifiesta. Ojea, rostro habitual de Auria TV, el altavoz de Democracia Ourensana, es un integrante sin cargo público del partido -cerró la candidatura de 2011-.

El grupo de Gonzalo Pérez Jácome judicializó las obras de Bedoya casi 5 años después, y, hasta el momento, ha impulsado cuatro denuncias penales contra el gobierno del PSOE. DO denunció pero no es parte en la investigación de la obra. El caso llegó a Instrucción Dos por turno de reparto, defiende. El partido sí es acusación en la investigación del servicio de ayuda a domicilio, bajo la lupa del propio Piña desde 2013.

La recusación se basa en una "falta de la necesaria objetividad del citado magistrado" por comentarios extraídos de su red social que, entienden, podrían constituir una "falta grave" y motivo para apartarlo por "una abierta desconfianza y hasta enemistad" y "cierto desprecio" a los políticos.

DO denunció pero no es parte

Piña entiende que no se dan los requisitos legales de recusación tal y como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 219.9 -tener amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes- porque ni Armando Ojea, "de quien se invoca la amistad", ni tampoco DO están personados en Bedoya. También cree que no cabe "la genérica alegación de enemistad" sobre la clase política. A los dos días del arresto de Francisco Rodríguez en la operación Pokemon, y ante críticas por la actuación de la juez De Lara, el magistrado escribió en su Facebook que sentía "bastante más pena por un heroinómano que da un tirón, que por delincuentes de cuello blanco".