El interventor sostiene que el alcalde debe pagar 28.000 euros por urbanizar su calle

El informe de fiscalización emitido por la Intervención municipal no deja lugar a dudas: "Cabría aprobar una liquidación en concepto de cuotas de urbanización por un importe de 27.966,49 euros, a repercutir a Agustín Fernández Gallego", el alcalde de Ourense, por las obras de urbanización de la calle Clara Corral Aller, donde se encuentra la vivienda unifamiliar, y que fueron realizadas finalmente a través de un proyecto incluido en el Plan E, que asumió el Gobierno central y cuyo importe total ascendió a 263.793,56 euros.

Contundente y especialmente concluyente es el informe de fiscalización de Intervención, relacionado con la revisión de oficio de actos anulables, relativos a la cancelación de avales y liquidación de cuotas de urbanización en la mencionada calle, y en la que está inmerso el alcalde. Así, en las conclusiones, y después de una concreta argumentación, a la que tuvo acceso FARO, señala que se debe llevar a cabo una actuación administrativa encaminada a la recuperación de los recursos públicos, "menoscabados", como consecuencia de una gestión urbanística "negligente", en doble dirección.

Plantea, por un lado, incoar un expediente de revisión de oficio de los acuerdos adoptados por la junta de gobierno local -a la que pertenecía el actual alcalde-, que fue la que autorizó "indebidamente" la cancelación de avales que garantizaban el cumplimiento de obligaciones urbanísticas. Agustín Fernández en ese tema se ausentó, aunque no así en la aprobación del proyecto de urbanización que costeó al cien por cien el Estado.

Revisión de oficio

Por otra parte, la Intervención señala que, ya sea simultáneamente o en sustitución del procedimiento de revisión de oficio, practicar sendas liquidaciones en concepto de exacciones urbanísticas por la diferencia entre la cuantificación global de las cargas urbanísticas legalmente exigibles, y el importe de los avales constituidos, sin perjuicio de proceder, con carácter alternativo, a la aprobación de liquidaciones por la totalidad de lo adeudado, y que cifra en 47.134,75 euros -en este caso incluye al otro propietario al que se le devolvió el aval-, ya que tienen la obligación de urbanizar con cargo a su patrimonio privado, y no al público, como fue el caso.

Sin dejar resquicio a interpretaciones, el informe de Intervención recalca que, desde una perspectiva exclusivamente económica financiera, y del análisis de las "repercusiones de carácter patrimonial" que puedan haberse derivado para el Concello como consecuencia de sus actuaciones administrativas, sin entrar a valorar otros ámbitos que pudieran resultar de igual o mayor trascendencia de cara a la exigencia de responsabilidades", en alusión directa a que se haya otorgado licencias, en este caso de ocupación -como la del alcalde-, en "contra de informes técnicos y sin ningún tipo de fundamentación jurídica".

En cuanto a la tramitación seguida, sobre la que hace referencia la Intervención municipal, alerta sobre determinadas actuaciones, como la propuesta de resolución formulada por una asistencia técnica -contrato externo- del departamento de Urbanismo (actual asesor jurídico de esa área por sentencia judicial- con el visto bueno de un funcionario interino adscrito a dicho servicio.

Para concretar que la autorización de la cancelación del aval -en este caso del alcalde- cuando era obvio que las obras de urbanización las había realizado el Concello con fondos del Estado, sin ningún coste para los propietarios, tiene especial relevancia.

Y concreta que, "paradójicamente", el criterio jurídico seguido es "omitido" dos meses más tarde por el propio funcionario, en este caso el interino Bienvenido Fernández -miembro de la ejecutiva local del PSOE-, que resuelve devolver el aval constituido por uno de los propietarios, pero sin que "medie justificación de ningún tipo", por lo que entiende el interventor municipal que eso conduce a pensar en "la concurrencia de un error de derecho en la apreciación de las circunstancias que legitimaban la pretensión del promotor", con lo que viene a reforzar la necesidad de proceder a una revisión de oficio de los acuerdos adoptados.

Lo que está claro, según se desprende del informe de Intervención, es que Agustín Fernández, inspector de Hacienda, era conocedor de todo el proceso, y endosó a cargo de un proyecto financiado por el ministerio del que depende, para evitar asumir sus responsabilidades como propietario, y posteriormente solicitar la devolución del aval que había puesto para garantizar la urbanización de la calle.