En plena agitación política después de levantarse el secreto del sumario de la operación Pokemon de corrupción, que llevó a la detención del exalcalde Francisco Rodríguez, su posterior puesta en libertad bajo fianza, pero manteniendo su imputación, la concejala de Urbanismo Áurea Soto salió en su defensa en lo referente al proceso de adjudicación del concurso del servicio de limpieza de edificios municipales, al que se presentó una empresa del grupo Vendex, que en la actualidad lo mantiene en precario, y que está pendiente de una resolución judicial debido al recurso especial que presentó contra el acuerdo de darle el servicio a la firma Seralia.

Áurea Soto, que compareció ayer junto a la directora xeral de Personal, Carmen Rodríguez, quiso dejar claro que, en relación a la Pokemon, "se está empezando a investigar", aunque por el momento son más de 120 los tomos, en el que se incluyen todo el trabajo realizado por los agentes de Aduanas, así como las declaraciones de todos los imputados ante la juez de Lara. Pero para Soto "no hay instrucción al respecto ni juicio oral", para calificar todo lo que hay en estos momentos como "un barullo generalizado".

Para apuntalar la defensa del exalcalde, en alusión directa a lo que aparecen en las conversaciones, interceptadas por orden judicial, con los dos directivos de Vendex relativas al proceso de elaboración del pliego de condiciones para el servicio de Limpieza de edificios municipales, la edil de Urbanismo aseguró que "no hubo intervención política", y realizó un repaso por los diferentes informes emitidos por los técnicos, sobre todo por el jefe de la asesoría jurídica del Concello, Luis Tros, que en las escuchas aparece como "Luis, el del apellido raro".

Sostiene Soto que "no tenemos capacidad de intervenir", aunque la titular del Juzgado de Lugo, Pilar de Lara, le preguntó al exalcalde si había analizado con los directivos de Vendex el borrador del pliego en una cafetería cercana a su domicilio, y que posteriormente fue aprobado con algunas modificaciones, reconociendo el encuentro después de negarlo inicialmente.

Un pliego, que como recordó la edil de Urbanismo se aprobó finalmente en septiembre de 2012, para proceder a la contratación del servicio, que se interrumpió al entrar en escena la operación Pokemon, aunque después por la mesa de contratación se acordó que el contrato era para la empresa Seralia, pero los recursos especiales de la empresa PAU, del grupo Vendex, y el de Ferpesa, en relación con el baremo, llevó consigo a la suspensión cautelar, que se mantiene a día de hoy.

Lo que anunció ayer Soto fue que después de la suspensión en mayo de 2013, se remitió al TSXG, que remitió la causa al jugado Contencioso Administrativo de Ourense. Uno de los juzgado, el que entendió el recurso se Ferpesa acordó levantar la suspensión, pero está pendiente la del grupo Vendex, y que es lo que en estos momentos hace que siga con el servicio.

Dicho esto, habló de la "integridad" de los políticos y funcionarios", y cuestionar los "afectos y conversaciones" , en alusión directa a los que aparecen en la operación Pokemon, entre ellos el exalcalde, y que el alcalde relativiza al señalar que se trata de "conversaciones de dos personas que hablan de un tercero", en este caso Francisco Rodríguez, que en una de ellas cita al delegado de Vendex Galicia para un encuentro.

Al final, la edil de Urbanismo aseguró que las adjudicaciones se hacen "según el procedimiento de contratos", aunque reconocía que " se pueden cometer errores, pero este no es caso".