La concejala de Urbanismo considera que los 5.100 escritos al plan son "menos de los esperados"
En su análisis de las alegaciones presentadas, la edil aún hizo criba y señaló que el 60% fueron presentadas por particulares afectados, "que llevaban sus papelitos de documentación y eso", y el resto considera que son fruto "de la recogida de firmas en la calle por la campaña de alarma generada por el PP", indicó, al que acusa de atemorizar a los vecinos "haciendo ver que se van a tirar las casas".
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, hizo su primera comparecencia pública tras finalizar el plazo de presentación de alegaciones al Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ourense, más de 5.100 después de tres meses de exposición al público, una cifra que considera "contenida" en comparación con la de los planes de otras ciudades, "como el de Vigo que recibió 60.000 alegaciones o el de A Coruña, con 42.000".
No obstante, en su análisis de las alegaciones presentadas, la edil aún hizo criba y señaló que el 60% fueron presentadas por particulares afectados, "que llevaban sus papelitos de documentación y eso", y el resto considera que son fruto "de la recogida de firmas en la calle por la campaña de alarma generada por el PP", indicó, al que acusa de atemorizar a los vecinos "haciendo ver que se van a tirar las casas".
Áurea Soto compareció ayer en solitario, como acostumbra, para dar la cara por el plan nacido de la urgencia por buscar una planimetría legal para la ciudad, tras la anulación por sentencia judicial inapelable, del plan de ordenación de 2003 y la situación de provisionalidad que vive la ciudad con las licencias paradas.
La concejal empezó lamentando que, pese a que la situación fue creada por el plan aprobado por el anterior gobierno popular, "el grupo municipal del PP ha enviado ahora hasta tres veces a un notario para confirmar que los documentos que se exponían al público estaban completos".
Según Áurea Soto, "en esa exposición al público estaban todos los documentos relacionados en el Diario Oficial de Galicia y los notarios de que se aportó toda la documentación exigida fueron el secretario, la oficiala mayor, la jefe de Planeamiento del Concello y yo misma como edil de Urbanismo".
Tras la reprimenda al grupo municipal del PP, la concejala señaló que tras la exposición al público se abre la fase de estudio de alegaciones, pero prevé que todo el proceso se demore al menos un año, "según vayan llegando los 54 informes sectoriales cuyas exigencias debe superar este plan, cuyo contenido final depende también de la nueva Ley del Suelo de Galicia que está en tramitación y que esperamos esté ya antes del verano", señaló.
La concejal no hizo ni una sola referencia una vez más a las críticas del BNG, pero sí hizo un llamamiento a la colaboración de todas las formaciones sociales y políticas, incluidas las no instaladas en el concello, como Anova que presentó también sus propias alegaciones al plan, "pues estamos en un tiempo complejo", apuntó Áurea Soto, "y no importa cuanto tardemos, hay planes tardaron en aprobarse hasta 8 años", matizó; "lo importante es hacer un buen plan".
La edil de Urbanismo apeló al sentido de la responsabilidad de los grupos de oposición para trabajar "en otro PXOM que no pueda ser anulado judicialmente". Reconoce que pudo haber quejas porque "frente al plan anterior, que era claramente especulativo", el actual recorta la edificabilidad de forma considerable (menos de la mitad de las 50.000 viviendas prevista en 2003). de ahí que pensáramos que el número de alegaciones final pudiera ser muy superior" .
Pese a todo pidió a todos los grupos políticos "responsabilidad y solvencia para dejar de lado las diferencias y no volver a caer en los errores que nos trajeron hasta aquí". Está convencida que las sentencias por las denuncias al plan anterior "van a seguir llegando" y que el planeamiento urbanístico provisional elaborado con colaboración con la Xunta puede caer.
Pidió esa colaboración en aras de una planimetría urbanística propia y bien definida, dado que Ourense en estos momentos está gobernado por un PXOM del año 1986, que ha calificado como "digno y decente, suficientemente moderado y sostenible", pero también por esa ordenación provisional que se aplicó para la ampliación de las instalaciones hospitalarias y otros 15 suelos privados, de los que espera sentencias en 2014, que podrían suponer pagos por responsabilidades patrimoniales para el Ayuntamiento.