El alcalde reconoce que estuvo viviendo en su casa durante trece años sin licencia de ocupación

El alcalde, Agustín Fernández, reveló en el pleno extraordinario celebrado ayer que ya vivía en su casa antes de que le concedieran la licencia de ocupación, por un espacio de tiempo de unos trece años. Una revelación que para el PP es una "nueva y grave irregularidad", ya que durante ese tiempo no pago, como si hacen todos los ciudadanos, el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI), la conocida contribución.

No hubo respuesta a la pregunta que le formuló, hasta en tres ocasiones Rosendo Fernández: "¿pagó usted el IBI antes de 2006?", año en el que le fue concedida. Además le recriminó que no quiere asumir el pago de los 28.000 euros de la parte que le corresponde de la urbanización de la calle, como refleja en su informe la Intervención municipal.

Durante la sesión plenaria, a la que no asistieron los tres ediles del BNG, y en la que se aprobó exigir la dimisión del alcalde, con los votos a favor de PP (11) y DO (2), y en contra 10 de los 11 ediles socialistas, debido a que Mónica Vázquez se tuvo que ausentar por motivos profesionales, se aludió por parte de los populares a que aunque Agustín Fernández no estaba en política, por lo que no era concejal ni alcalde, por su condición profesional de inspector de Hacienda, debería ser conocedor de que no estaba cumpliendo con los deberes tributarios con el Concello, en este caso abonando el correspondiente impuesto.

Y si había alguna duda sobre su dimisión, después de que así se aprobase en pleno, Agustín Fernández, al final del debate sobre las supuestas irregularidades de las obras de urbanización de la calle donde tiene su residencia, y la devolución del aval, por una cuantía de algo más de 10.000 euros, la disipó al proclamar que "no me van echar" del cargo y advertir, utilizando el símil de caza, que él es una "pieza peligrosa, que cuando se siente acorralada puede llevar a que el cazado sea el cazador".

Fondos estatales

Fue un debate especialmente bronco, que estuvo marcado por las acusaciones reciprocas entre el alcalde y el portavoz del grupo del PP, Rosendo Fernández, tuvieron como eje central el expediente del alcalde sobre la urbanización de su calle, tanto en su inclusión en el Plan E, que asumió el cien por cien de la obra, que inicialmente era de 227.000 euros aunque al final ascendió a 263.000 euros, como la devolución del aval.

El mayor grado de crispación se produjo cuando el pleno está a punto de concluir. El alcalde, especialmente nervioso, que pretendía levantar la sesión sin proceder a la votación sobre la petición de dimisión, lanzó una dura y contundente amenaza, con "un aviso a navegantes", dirigido a las "alimañas políticas y a sus esbirros", en el sentido de que "si siguen metiéndose en asuntos de mi familia, que dios los coja confesados".

Con anterioridad, el portavoz popular puso encima de la mesa argumentos que apuntalan la denuncia presentada en su momento en la Fiscalía, y sobre todo en los escritos presentado por Agustín Fernández.

Señalaban las contradicciones existente; por un lado el compromiso de pagar su parte de los gastos de urbanización, y por otro, el considerar innecesarias esas obras. Dos cuestiones que se produjeron antes de que la Junta de Gobierno Local, de la que era miembro el ahora regidor, como concejal de Hacienda, aprobase que se ejecutase con fondos del Estado la urbanización. Y posteriormente, una vez finalizado el proyecto, la petición de la devolución del aval, reunión en la que si se ausentó Agustín Fernández, por tener "interese directo".