El PSOE de Extremadura ha alertado hoy de que los ayuntamientos de la región y la propia comunidad autónoma podría perder hasta 111 millones de euros en los dos próximos años si el PP vota no en el Congreso de los Diputados a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Este asunto se ha abordado esta tarde durante la reunión del Consejo Municipal del PSOE de Extremadura en la que se han dado cita los alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de toda la región.
En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Consejo Municipal y alcalde de Mérida, Antonio rodríguez Osuna, ha reclamado a Guardiola que “interceda para que los diputados del PP en las Cortes voten sí a los objetivos de estabilidad porque es algo que nos beneficia a todos y a lo que no debemos renunciar”. En cuanto a las grandes ciudades, Rodríguez Osuna ha avanzado que, en caso de no aprobarse estos objetivos, “ciudades como Mérida perderán 3,8 millones de euros, Badajoz hasta 8,1 millones y Cáceres unos 4,9 millones de euros que no se podrán invertir en sanidad, educación o servicios sociales”.
Además, otro asunto que se ha debatido en el Consejo Municipal ha sido la situación de la educación pública. En su intervención, Rodríguez Osuna ha explicado que tras la eliminación de la gratuidad universal de comedores escolares y aulas matinales, la señora Guardiola sigue deteriorando la educación y ahora plantea que el arreglo de los edificios educativos se cofinancie: 80% junta de Extremadura y 20% ayuntamientos. “es un grave error -ha dicho Rodríguez Osuna- porque los consistorios no tenemos no competencias ni capacidad para acometer esas inversiones. La Junta no puede hacer dejación de sus funciones, si no licita, ejecuta y programa las obras, ésas mejoras sencillamente, no se harán”.
El presidente del Consejo Municipal considera que los 30 millones de euros planificados para que los ayuntamientos acometan reformas en los centros educativos no son servirán y que debe ser la Junta la que diseñe un Plan de Infraestructuras Educativas y lo ejecute.
Otros asuntos que se han abordado han sido las dificultades para poder desarrollar el nuevo Programa de Respiro Familias, que ha dejado fuera a 340 municipios de la región con menos de 4.000 habitantes, es decir, a más de 300.000 personas.