El cobro de estas sanciones es posible gracias al convenio que firmaron en junio de 2017 el Ayuntamiento de València y la Generalitat, a través de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV). El acuerdo permitió comenzar a embargar a los sancionados aunque éstos tuvieran sus cuentas bancarias domiciliadas fuera de término municipal de València.
El consistorio tenía pendientes de cobro 56,9 millones de euros por multas de este tipo impuestas desde 2012 (pueden reclamarse sanciones de hasta ocho ejercicios anteriores) pero ya ha ejecutado embargos que suman 9,1 millones. La eficiencia en la recuperación de estas sanciones gracias al convenio con la ATV está en el 16 por ciento.
En junio de 2018 el Ayuntamiento y la ATV ampliaron el contenido del convenio para extender su aplicación también acuerdo al cobro de deudas de tasas e impuestos municipales, como el IBI o el IAE. En este caso se ha realizado un primer muestreo sobre 866 diligencias, de las que 327 con positivas, lo que supone 977.000 euros, de los que se han embargado más de 113.000, lo que supone algo más del 18 por ciento de eficiencia.
Las cifras las han aportado la directora de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz, y el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, quienes han hecho balance este lunes del funcionamiento del convenio firmado entre ambas instituciones. Sanjuán ha explicado que el acuerdo ha permitido acabar con comportamientos “incívicos” que además resultaban “injustos” para el resto de contribuyentes. Por su parte, la directora de la ATV ha anunciado que la Generalitat tiene ya elaborado un convenio marco para que otros municipios de la Comunitat Valenciana puedan también acogerse a esta iniciativa. Sonia Díaz ha destacado la importancia de la coordinación entre las administraciones para luchar contra el fraude fiscal.