Marina Baixa | 18.07.2022 15:01
A las 9:08 de la mañana de hoy lunes, según ha explicado el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, se daba cuenta de la llegada de un nuevo informe técnico que se necesitaba examinar e informar a los grupos, por lo que decidía cancelar el pleno para que todos tuvieran toda la información actualizada, según explicaba después en rueda de prensa a los medios. "Esa es nuestra manera de obrar", afirmaba Pérez, "aunque no nos sorprende que el PSOE esté confundido porque con el alcalde anterior más de una vez tuvimos que acudir a un pleno sin información o con la información llegada a última hora", criticaba Pérez. El alcalde afirmaba que es muy importante conocer toda la información porque esta adjudicación es muy técnica y "el pliego lo han realizado los técnicos, no es una adjudicación política". Además, defendía Pérez que es 2una de las contratas más importantes de los servicios de la ciudad".
Sin embargo, a los partidos de la oposición les parece, según ha calificado el portavoz del PSOE, Rubén Martínez, que la situación ha sido "kafkiana desde los primeros momentos de la adjudicación, estando lleno de reparos de intervención y sembrando muchas dudas", afirma. Martínez y el portavoz de C's Juan Balastegui, han coincidido en que "no se comprende que la adjudicación sea por 15 años", algo que para el alcalde, Toni Pérez, es un tiempo adecuado teniendo en cuenta que "la ciudad va a crecer mucho y no va a ser la misma ahora que en 2035".
Martínez y Balastegui tampoco entienden que la cuantía ascienda a los 40 millones cuadruplicando la condición económica del contrato actual. Esta circunstancia también ha sido explicada por Pérez, que ha recordado que la contrata lleva rebajada en un 25% desde los tiempos del Plan de Ajuste porque la deuda obligaba a ello "pero ahora no tenemos plan de ajuste y, si no establecemos una cuantía justa, que ofrezca también buenas condiciones a los empleados y que permita un buen servicio, podemos enfrentarnos a multas importantes, porque tanto la Comunidad Valenciana como España, como Europa, preparan normativas de obligado cumplimiento.