La investigación se inició tras la declaración de una víctima que denunció haber sido explotada sexualmente por cuatro personas diferentes en distintos periodos de tiempo
La investigación comenzó cuando una mujer acudió a las dependencias de la Policía Nacional de Benidorm, tras ser asistida por una ONG especializada en la atención a mujeres del entorno de la prostitución, para denunciar haber sido objeto de explotación sexual. En su declaración, manifestó que había llegado a España en octubre de 2024 y se alojó en casa de un familiar.
A los quince días comenzó a trabajar en Alfaz del Pi cuidando a personas mayores. Durante ese tiempo conoció a un varón con el que inició una relación de amistad y convivencia. El hombre le retuvo el pasaporte y la obligó a prostituirse sin pagarle. Después, una pareja volvió a explotarla, controlando el dinero y suministrando drogas para mantener la actividad. Finalmente, un tercer hombre asumió un control total: imponía horarios, restringía su libertad, la forzaba a mantener relaciones y se apropiaba de todas las ganancias.