La Policía Nacional ha desarticulado en Elche una organización que creaba empresas para regularizar la situación de personas migrantes y defraudar a la Seguridad Social. Durante el operativo, en el que han participado más de un centenar de agentes, se ha detenido a 125 personas implicadas presuntamente en un entramado que operaba en todo el territorio nacional con la colaboración de un despacho de abogados.
El principal responsable de la red criminal regentaba un prostíbulo en Elche, que ha resultado ser el domicilio social de dos de las empresas vinculadas al entramado.
Se han practicado una docena de registros domiciliarios. Además, en la operación policial se han intervenido 124.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, cinco equipos informáticos, una granja de criptomonedas, que estaba conectada de manera fraudulenta a la red eléctrica, y 112.000 euros en monedas virtuales que la trama empresarial ficticia utilizaba para blanquear los beneficios obtenidos de su actividad ilícita.
Además del material intervenido en los registros llevados a cabo, se han bloqueado 80 cuentas bancarias con un saldo superior a los 200.000 euros y se ha decretado la prohibición de enajenar, disponer, o gravar un total de diez propiedades inmobiliarias en la provincia de Alicante.
Según ha desvelado este martes el Cuerpo Nacional de la Policía, la investigación se inició en octubre del año 2020 cuando se tuvo conocimiento de que un supuesto empresario podría estar cometiendo diferentes delitos como estafas, falsedades documentales y blanqueo de capitales con la colaboración de un despacho de abogados.
Los investigadores comprobaron que las empresas a las que se encontraba vinculado como apoderado o administrador, no tenían forma de ser localizadas ni física ni virtualmente.
Ese supuesto empresario se reunía de manera regular con otras dos personas vinculadas con un despacho de abogados y que posteriormente resultaron ser presuntamente, miembros activos de la organización ahora desarticulada.
La Policía Nacional ha podido concretar durante la investigación que la organización criminal, con el asesoramiento y participación de un despacho de abogados, creaba empresas ficticias con un doble objetivo, confeccionar facturas falsas a mercantiles, que eran utilizadas para llevar a cabo diferentes fraudes a la hacienda pública y para regularizar migrantes de manera fraudulenta.
Esas empresas ficticias, facilitaban a los migrantes tanto documentación como contratos y ofertas de trabajo para, así, realizar los trámites de obtención o renovación de permisos de residencia. Además, emplearon una de las empresas ficticias para obtener un crédito de manera fraudulenta y con la connivencia de empleados de una entidad financiera, que jamás se iba a devolver.