El fiscal pide 2 años y medio de prisión para los diez acusados del incendio de l'Alacatén
El fiscal ha solicitado dos años y medio de prisión y una multa de 8.400 euros para cada uno de los diez acusados del incendio que se produjo en agosto de 2007 en la comarca castellonense de l'Alcalatén y que afectó a una superficie aproximada de 5.775 hectáreas de matorral, cultivo y arbolado, y a 1.706 hectáreas de terrenos no forestales en los términos municipales de Las Useras, Costur, Adzaneta, Lucena del Cid, Alcora y Figueroles.
En el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público se indica que los cuatros trabajadores acusados de la empresa Montajes Eléctricos Montelpa, mercantil contratada por Iberdrola para la realización de la reforma de la línea aérea de media tensión Adzaneta-Alcora, en ejecución del referido contrato, en la mañana del día 28 de agosto de 2007 se personaron en la Partida Fuente La Ponsa del término municipal de Las Useras sobre las 12.30 horas, con unas condiciones meteorológicas que determinaban una probabilidad de ignición del 90 por ciento.
Prosigue que cuando se encontraban trabajando en la torre de media tensión propiedad de Iberdrola, a pesar de encontrarse en terreno forestal, omitieron cualquier cautela y asumieron el riesgo evidente de tal omisión y procedieron al desmontaje de un tripolar con una radial "sin ningún tipo de defensa para evitar proyecciones incandescentes, sin proteger la zona próxima con lona ignífuga o mamparas opacas de material ignífugo y no mediando desbroce previo del área".
Así, según el fiscal, al proceder al corte entraron en contacto la tuerca y el disco de la radial y saltaron innumerables chispas incandescentes a la vegetación existente a escasos metros de la torre de media tensión y al pie de ésta, lo que desencadenó la ignición de la vegetación compuesta de aliagas, rebrotes de coscoja y abundante pasto seco.
Los trabajadores intentaron apagar las llamas que se originaron con dos extintores y dos garrafas de agua de 24 litros de capacidad cada una y sin que existiera un operario controlador dotado de una mochila extintora cargada de agua con una capacidad mínima de 14 litros y en ausencia de una reserva de agua en cantidad no inferior a 30 litros situada en el vehículo todoterreno, por lo que los medios de extinción utilizados fueron "totalmente insuficientes", lo que determinó que se agotaran al primer intento de control de las llamas.
Las llamas se propagaron por el término municipal de Las Useras y municipios colindantes, es decir, Costur, Adzaneta, Lucena del Cid, Alcora y Figueroles y el incendio se dio por extinguido sobre la 17.30 horas del día 7 de septiembre de 2007.
Así mismo, el fiscal asegura que el representante legal de la mercantil Montelpa y persona que impartía las órdenes oportunas a los acusados mentados, también acusado, no facilitó a los mismos los medios necesarios para que los trabajos anteriormente referidos se practicaran en las condiciones de seguridad necesarias en terreno forestal.
Igualmente están acusados el ingeniero de la empresa referida jefe y director de la obra y el autor del proyecto la reforma de la línea aérea de media tensión Adzaneta-Alcora y la persona contratada por Iberdrola a través de la sociedad Peitat-García Asociados para la dirección de la obra y coordinación de seguridad y salud, los cuales "omitieron cualquier tipo de control sobre la ejecución de los trabajos y las condiciones y medios en que los mismos se desarrollaban".
El fiscal también acusa a un empleado de Iberdrola con el cargo de gestor de desarrollo de red en la empresa, encargado de conseguir las autorizaciones oportunas para poder realizar las obras y a su vez interlocutor entre la empresa contratada y el director de obra, quien se encargaba de tramitar todas licencias, que igualmente está procesado, junto a la jefa de los anteriores y encargada del desarrollo de las redes de media tensión y del seguimiento de las obras que se ejecutaban en la provincia de Castellón, ya que se omitió la solicitud de autorización previa dirigida a la Dirección Territorial de la Consellería de Medio Ambiente.
Dicha solicitud, según el Ministerio Público, hubiera determinado las cautelas a adoptar en el desarrollo de los trabajos, o en su caso, la notificación previa a los servicios territoriales de la Consellería de Territorio y Vivienda prevista en el art. 4-2 del Decreto 7/2004 de 23 de enero por el que se aprueba "el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones".
Como consecuencia del incendio en los montes públicos gestionados por la Generalitat, concretamente en el monte Masía Carchet ubicado en el término municipal de Las Useras; el monte Más de Timó ubicado en el término municipal de Lucena del Cid; y en el monte El Boalar ubicado el término municipal de Atzeneta, se ocasionaron daños por pérdida de madera valorados en 43.091 euros y un perjuicio en masas arboladas con aprovechamiento comercial valorado en 43.416 euros, por pérdidas de leñas daños valorados en 705 euros, por pérdidas de pastos daños valorados en 2.57 euros y por pérdida de caza daños valorados en 672 euros.
Asimismo el importe por helicópteros, aviones, horas extras abonadas al personal destinado a la extinción del incendio y otros medios correspondientes a los recursos contratados por la Consellería de Gobernación asciende a 684.546,66 euros. Los gastos derivados de la actuación del personal del Consorcio Provincial de Bomberos en la extinción del incendio ascienden a la cantidad de 213.567,62 euros.
El incendio ocasionó daños en instalaciones de Telefónica, cuyo coste de reparación según factura aportada asciende a la cantidad de 49.438,82 euros. La estimación económica del daño hidrogeológico producido por el incendio forestal ha sido valorada en 330.000 euros, a lo que hay que sumar los daños en bienes de titularidad municipal de los municipios afectados.
Según el fiscal, los hechos relatados revisten los caracteres de un delito de incendio forestal por imprudencia grave. En materia de responsabilidad civil, el ministerio público pide que los acusados conjunta y solidariamente y las compañías Allianz , XI Insurance Company Ltd y Zurich España, como responsables civiles directas, cada una en relación a su asegurado y las empresas Montelpa S.L, Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U y Peirats-García Asociados S.L, como responsables civiles subsidiarios, sean condenado a indemnizar a la Generalitat con 775.387 euros.
Además, pide una indemnización para la Diputación de Castellón de 213.567,62 euros, para Telefónica de 49.438 euros, para la Confederación Hidrográfica del Júcar de 330.000 euros, para el Ayuntamiento de Costur de 854.151,16 euros, para el Ayuntamiento de Atzeneta de 857.571,15 euros, para el Ayuntamiento de Figueroles de 314.765, 51 euros, para el Ayuntamiento de Lucena del Cid de 2.468.224,15 euros, para el Ayuntamiento de Las Useras de 3.491.000,00 euros, entre otros.