Los familiares de 13 de las 18 víctimas del albergue de la Todolella, recurrirán al Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia haya eximido de responsabilidad al Ayuntamiento y a la Generalitat.

La portavoz de los familiares de los fallecidos, Carmen Marchante, insiste en que el albergue no tenía licencia de actividad y que el ayuntamiento y la Generalitat, autorizaron su uso.

Las familias reclaman una indemnización de más de 2 millones de euros y denuncian que el fiscal sólo ha comparecido en una de las muchas testificales.

Los hechos ocurrieron el 5 de febrero de 2005 en una celebración de una fiesta de cumpleaños que incluía la actuación de un grupo de música y la posibilidad de pernoctar en el albergue por 14 euros.