Isabel Egido | Redacción
Alicante | 22.03.2023 14:22
El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que esta misma mañana, coincidiendo con el Día Mundial del Agua, el Consell ha interpuesto ante el Tribunal Supremo el recurso contra algunos aspectos que recoge el Real Decreto que revisa el Plan Hidrológico del Tajo.
Además, asegura que exigirán al Alto Tribunal, que dictamine la suspensión cautelar de los caudales ecológicos del Tajo, para evitar el recorte del agua que llega trasvasada al Segura. Ximo Puig ha manifestado en Castellón que; entre los aspectos recurridos destaca la cláusula novena, que no contempla la actualización de los caudales ecológicos, en función de la calidad del agua del alto Tajo.
Diálogo a través de la comisión de seguimiento que contempla inversiones y otras acciones para aprovechar todos los recursos existentes. Así lo ha transmitido a los regantes alicantinos, para, según Ximo Puig defender sus intereses “ahora y siempre”.
En relación con el recurso de la Generalitat, el presidente de la Diputación de Alicante, el popular Carlos Mazón ha manifestado que supone "la rendición a plazos" de Ximo Puig. Frente a ello, el recurso de la Diputación “sí que irá a por todas” porque, Ximo Puig, en su recurso “ha asumido el aumento del caudal ecológico sin datos ni informes técnicos y científicos que lo justifiquen”.
Mazón piensa que la Generalitat “se está rindiendo y nos condena por capítulos a sufrir el abominable recorte del trasvase” perpetrado por sus compañeros del Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente de la Diputación, dice sentirse decepcionado.
Y es que, según Mazón, la Generalitat ha sumido el aumento del caudal ecológico a 7’5 metros cúbicos por segundo, sin ningún informe que lo acredite, cuando actualmente son seis. Por su parte desde ASAJA en Alicante, su presidente, José Vicente Andreu, que ayer se reunió con Puig junto a los regantes alicantinos, ha aprovechado para reclamar al estado el mantenimiento de los trasvases. El recorte del agua que recibe el Segura, supondrá para la agricultura del sureste de España, pérdidas de más de 5.000 millones de euros.