Junta y organizaciones agrarias piden a Ribera derogar de “inmediato” la orden que protege “estrictamente” al lobo

(ICAL) El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y los responsables de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León resolvieron remitir una carta a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para derogar “de forma inmediata” la orden ministerial que incluye al lobo en el Listado de Especies Protegidas (Lespre) y recuperar el estatus quo anterior a septiembre de 2021, cuando el cánido era gestionable por la Comunidad al norte del Duero.

“Esta medida no tiene excusa. Queremos tender la mano para volver de forma consensuada, aunque hasta ahora no nos tomaron en consideración. En democracia siempre fueron medidas de consenso y se rompió históricamente en 2021 con este Gobierno. Castilla y León ofrece su mano y el resto de comunidades también la tenderá para que nos sentemos a planificar cómo volver al sistema anterior. Esto depende solo de la voluntad política del Gobierno, en la forma que crea oportuna”, comentó el consejero.

En un encuentro celebrado hoy en Valladolid, ambas partes presentaron un documento en unidad de acción que enviarán a la ministra, y en la que también expondrán un segundo punto, ya que instarán al Gobierno a “colaborar y trabajar” para que “se haga efectiva la decisión de la UE” conocida en diciembre de 2023 de reducir de “estrictamente protegido” a “protegido” en todo el territorio europeo.

Ello obligará a modificar el Convenio de Berna, que daría pie a cambiar la Directiva Hábitat y pasar el lobo del anexo 4 a 5 para hacerlo en toda Europa gestionable, “como estaba en Castilla y León hasta 2021”, y no “estrictamente protegido”. “Quiere que el régimen que existía al norte de la Comunidad se extienda para toda Europa”, apuntó el consejero.

Suárez-Quiñones advirtió al Ejecutivo central que la UE ha puesto en marcha un “cronómetro que le quema al Gobierno, porque camina en sentido contrario a la decisión europea”. De hecho, recordó que cuando Teresa Ribera tomó la decisión de incluir al lobo en el Lespre “sin ningún rigor científico ni estudio ni censo”, adujo que su “decisión era con la conformidad de la CE”, pero sin embargo, ha sido el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, quien “dio la rueda de prensa con la opinión contraria en diciembre”. “Ese supuesto amparo que tenía el Gobierno se ha convertido en lo contrario”, comentó el consejero, quien presumió de la “unidad de acción” en este asunto entre la Junta y las opas, dado que “no es cuestión de ideología, aunque sí lo fue la decisión del Gobierno, sino que es en pro de la defensa del medio rural”.

El consejero respondió que en el caso de que el Gobierno español “no quiera reducir la protección, Europa no puede obligarle”. “Lo que pasa es que España quedaría aislada. Incurriría en una auténtica irresponsabilidad política a nivel europeo y de los territorios”, anotó Suárez-Quiñones, quien admitió que las declaraciones en este sentido del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en una visita a Asturias recientemente, “no son muy esperanzadoras”, dado que habló de “esperar a conocer el censo”, algo que ocurrirá a finales de este 2024, “pero para el que no esperaron en 2021 cuando aumentaron su protección”.

A día de hoy, afirmó el consejero, el Gobierno sabe que el “estado es favorable” y afeó que hace meses informó a Europa de que “estaba en regresión y no era cierto”, una postura que Castilla y León y las otras regiones loberas “contrarrestaron con una entrevista con Sinkevicius”, al que se se presentaron los datos “reales”. “No se trata de buscar vencedores y vencidos. Ofrecemos de forma generosa y humilde nuestra oferta para sentarnos y trabajar. Esto es un debate de gestión del lobo, no de caza. Hay libertad de las autonomías para que la gestión sea de la forma que estimen oportuna”, aclaró.

En todo caso, instó al Gobierno a “allana” esta situación aceptando el recurso que la Junta y numerosas organizaciones presentaron hace dos años ante la Audiencia Nacional por “razones de forma de la orden ministerial del Lespre, aunque no de fondo”. “Sería la más rápida y quedaría sin efecto”, defendió.

Igualmente, el director general del Medio Natural, José Ángel Arranz, expuso que si el Gobierno no acepta la derogación inmediata” existe otra vía, que implicará en unión a varias comunidades autónomas. “A la vista de los nuevos resultados de censo, iniciaríamos el procedimiento para reducir la protección; y el Ministerio está obligado a aceptarlo, como lo hizo por iniciativa de Ascel en 2021”, comentó.

“Se cae el argumento”

En la misma línea se posicionó el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, quien recordó que en aquel año, el Gobierno “se basó en la opinión de Europa, en que había menos lobos y en la Comisión de Biodiversidad, favorecido por las comunidades de su mismo signo político”. “Ahora se le ha caído el argumento, porque Europa cambia de opinión, los censos demuestran fehacientemente que hay superpoblación en algunas zonas, y las autonomías piden que el lobo sea especie cinegética”, resumió Dujo, quien advirtió de que “si no lo hace de oficio, los gobiernos autonómicos pedirán que de manera administrativa se dé marcha atrás a la orden”.

Dujo sostuvo que los ganaderos “trabajan todos los días para producir alimentos para la sociedad, no para animales muertos para el lobo”; y lamentó que las compensaciones “nunca cubren el daño moral de los ataques”.

El responsable regional de Asaja recordó que desde septiembre de 2021 en que se incluyó en el Lespre, se han registrado más de 12.000 animales muertos por los ataques del lobo, una cifra “ya suficientemente grave para tomarse esto en serio por parte de la Junta, el Gobierno y la UE”. Por ello, celebró el cambio de posición de la UE y exigió un “cambio tajante” de la postura del Ministerio para la Transición Ecológica. “Fue una barbaridad cuando lo incluyó en el Lespre, sin ningún razonamiento ni científico ni de daños ni de censo poblacional. Europa ha tachado ahora esa decisión de contraria a los intereses de los ganaderos y de la población del medio rural”, prosiguió.

Igualmente, aplaudió la postura común del sector en Castilla y León para pedir al Gobierno que “se ponga al frente de la defensa en Europa, para que sea únicamente especie protegida, con controles poblacionales por parte de las comunidades, allí donde los daños lo requieran”.

Por su parte, el secretario general de UPA, Aurelio González (en representación de la Alianza UPA-COAG), apoyó a la Consejería en su “intención de conseguir esa derogación”, si bien fue más allá: “No nos podemos quedar ahí; no nos vale volver a la situación anterior, tenemos que ir a más porque la gestión cinegética anterior era insuficiente. Debido a ello tenemos superpoblación en otras zonas”, apuntó González, quien apuntó a que en el “mejor de los casos se llegaba al 50 por ciento de lobos marcados”.

“Si antes no se hacían las cosas bien, no podemos decir que queremos volver. Tenemos que ir más allá, con una gestión directa de la Consejería, tanto al norte como al sur del Duero”, espetó González, quien también mencionó un artículo de la Directiva Hábitat que “permitía controlar algún ejemplar por la gravedad de los daños agrarios y ganaderos” por parte de la Junta, una situación que, respondió el consejero, también anuló el Gobierno al incluir al lobo en el propio Lespre. ¿Qué capacidad tiene el territorio de aguantar esa superpoblación de lobos?, preguntó el de UPA, quien consideró que “hoy están más en riesgo de extinción los ganaderos que los lobos”, con un registro de nueve ataques diarios durante el primer semestre de 2023. Por último, exigió “financiación suficiente” y criticó que el Ministerio “ni siquiera se ha reunido con las opas nacionales” en este tiempo.

Por último, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, consideró que el “problema es cuando la ideología llega al BOE”, como ha sucedido, a su juicio, con este asunto, que afecta a grandes zonas de Castilla y León que “viven de la ganadería”. “Sin ganaderos no hay gestión. Ponemos en riesgo una actividad económica, de la que dependen también otros sectores como el turismo. Está muy amenazado por los ataques”, apuntó.

En este punto, mencionó ejemplos que él mismo ha conocido de ganaderos que han abandonado la actividad por este motivo, también por “el desgaste emocional, no dormir por las noches y saber qué le espera cuando por la mañana vaya a ver su ganado”. “Eso hay gente que no lo soporta”, advirtió, para reclamar la celebración de una Conferencia Sectorial e ir en línea con la Unión Europea, que “es la primera vez que reconoce que se ha ha pasado de frenada con la protección del lobo”, cuando la UE es “ejemplo de ser medioambientalista”, como se puede comprobar con la PAC.