Una nueva sentencia del Supremo obliga a aplicar de forma inmediata los caudales ecológicos del Tajo
La decisión judicial también tiene implicaciones para el régimen de explotación del trasvase Tajo-Segura
El Tribunal Supremo obliga al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a aplicar de forma inmediata los caudales ecológicos fijados en el Plan Hidrológico del Tajo para el año 2027, anulando así el régimen escalonado vigente.
La sentencia, dictada por Sección Quinta la Sala de lo Contencioso-Administrativo da la razón parcialmente a la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche y al Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA).
El fallo afecta directamente a los caudales ecológicos del Tajo previstos para zonas protegidas. Por lo tanto, al eje principal del Tajo, desde el embalse de Bolarque en Guadalajara hasta el de Valdecañas en Cáceres, un tramo que atraviesa zonas como Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.
En todos estos casos, las masas de agua están incluidas en espacios protegidos de la Red Natura 2000, por lo que la implantación progresiva de los caudales ecológicos hasta 2027 queda invalidada.
La sentencia considera que no es legal prorrogar el cumplimiento de los objetivos medioambientales en zonas protegidas, especialmente cuando ni siquiera se han identificado los objetivos específicos de conservación exigidos por la Directiva Marco del Agua.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha celebrado la sentencia que entiende como un aval a sus reivindicaciones.
"Hemos ganado cinco sentencias, y lo que está diciendo el Supremo ahora es que se tienen que cumplir, que lo contrario es desacato, y que además no valen subterfugios ni ambigüedades, que se necesitan caudales ecológicos y además con urgencia. También blinda una posición irreversible. Y es que se pongan como se pongan, el trasvase (Tajo-Segura) es historia tal y como se considera, y hay que conceptuarlo ahora como un elemento complementario para Levante, en ningún caso como un elemento básico".
La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha señalado que la modificación de las reglas de explotación del trasvase tiene que reflejar esta nueva situación judicial y se ha dirigido a Murcia que ayer vio tumbada su iniciativa en el Congreso para blindar el trasvase a niveles de 2014.
La proposición de Murcia contó con 171 votos en contra del PSOE, Sumar o los nacionalistas, 170 a favor -los de PP, Vox y UPN y 4 abstenciones de los diputados de Podemos.
Gómez ha calificado de "paripé" la intervención del presidente de Murcia, Fernando López Miras, en la cámara baja intentando vender a nivel nacional que las reglas de explotación tengan que seguir siendo las mismas "para seguir esquilmando los envases de cabecera y evitando el desarrollo socioeconómico de toda la cuenca del Tajo".
La consejera ha pedido al PP y a su presidente en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que sea claro y se posicione con Castilla-La Mancha en vez de lo que sucedió ayer donde votó con Murcia a favor del trasvase, un gesto que ha considerado significa que “rompen el Pacto del Agua”.
Esta sentencia del Tribunal Supremo se suma a otras 5 anteriores que avalan respetar los caudales ecológicos del Tajo.
Borja Castro, presiente de la Asociación de Municipios Ribereños, ha defendido que las nuevas reglas de explotación del trasvase incluyan también las modificaciones para 2027.
"Ya no sirve esa aplicación progresiva que se aprobó en el último Plan de Cuenca. Esto no es una postura política, es una resolución judicial que se tiene que cumplir".
El gobierno de Castilla-La Mancha y los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía defienden las nuevas reglas de explotación que se presentaron recientemente que prevén disminuir un 40% los trasvases a Levante en 3 años.