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En una nota, la Benemérita ha informado que la investigación, denominada Acuin, la inició el SEPRONA de la Guardia Civil en octubre de 2020, cuando tuvo conocimiento de unas supuestas captaciones masivas e ilegales de agua en un acuífero subterráneo, en las que se estarían utilizando pozos con caudalímetros inoperativos o manipulados.
Los agentes recabaron informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, gracias al cual averiguaron que ni las mercantiles investigadas ni sus administradores contaban con la preceptiva concesión administrativa de aguas subterráneas.
Además la presidencia de este organismo había acordado denegar a estas mercantiles la concesión administrativa solicitada tras un informe de incompatibilidad del aprovechamiento con el Plan Hidrológico, donde se ponía de manifiesto que la captación solicitada se encontraba en la masa de Agua Mancha Oriental, en mal estado cuantitativo.
Los agentes pudieron constatar que en viñedos de al menos once parcelas se estaba regando por el método denominado “por goteo” o “riego localizado”.
Además, localizaron dieciséis pozos con contadores volumétricos en el interior o en el límite de esta parcelas de viñedos, constatando la existencia de un goteo continuo de agua dimanante de los sistemas de canalización que comunicaban los pozos con los viñedos en los que se estaba produciendo el riego descrito.
También, se pudo comprobar que los generadores de electricidad, bombas de agua, cuadros de control para la distribución de agua y otros dispositivos de riego se encontraban en funcionamiento y la lectura del contador volumétrico de algunos de estos pozos permanecía inmóvil.
En base a la información obtenida, calculan que durante los últimos ocho años el volumen total extraído superaría los 3,8 millones de metros cúbicos y la valoración de daños al dominio público hidráulico los 460.000 euros.
Lleva el caso el juzgado de Motilla del Palancar.