Santander |
El Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo ha admitido a trámite el recurso presentado por Izquierda Unida Cantabria contra la resolución por la que se modifica el Convenio singular de vinculación del Hospital Santa Clotilde de Santander en la red hospitalaria pública del Servicio Cántabro de Salud, suscrito el 31 de octubre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 16 de enero de 2026.
“Es un primer paso en la defensa de la salud pública y los intereses de toda la ciudadanía de Cantabria frente al impulso privatizador del gobierno del PP y la presidenta María José Sáenz de Buruaga”, admite el coordinador de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón.
Desde Izquierda Unida se valora esta admisión a trámite "como un paso necesario y relevante para garantizar la transparencia y el control judicial sobre una modificación del convenio que afecta a la prestación sanitaria pública en Cantabria".
Además, la formación política subraya que "el análisis judicial permitirá aclarar si la actuación administrativa se ajusta plenamente a la legalidad vigente, una vez se disponga del expediente completo".
El órgano judicial reconoce a IU como parte personada en el procedimiento, dando inicio formal a la fase judicial del proceso. La resolución deja claro que la admisión se produce sin perjuicio de lo que resulte del examen del expediente administrativo, es decir, sin que exista todavía un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
El juzgado ha acordado asimismo reclamar al Gobierno de Cantabria el envío del expediente administrativo completo, que deberá ser remitido en un plazo improrrogable de veinte días, cumpliendo con los requisitos legales de integridad, orden y autenticidad establecidos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa.
Además, la resolución judicial ordena a la Administración que practique los emplazamientos legales a las personas o entidades que pudieran resultar interesadas en el procedimiento, debiendo justificar ante el juzgado que dichas notificaciones han sido correctamente efectuadas.
El auto recuerda también al gobierno autonómico su obligación legal de colaborar con la justicia, facilitando la remisión del expediente y el correcto desarrollo del procedimiento judicial.