Urdangarin y su exsocio intentan pactar con la Fiscalía para no ir a prisión

Los abogados de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres han pedido a la Fiscalía Anticorrupción de manera informal mantener conversaciones para intentar alcanzar un posible acuerdo de conformidad que les exima de ir a prisión, aunque aún no se ha producido ninguna reunión en este sentido.

Así lo han confirmado hoy a Efe fuentes del Ministerio Público que han destacado que tanto el letrado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, como el de Torres, Manuel González Peeters, han hablado en los pasillos de los juzgados con representantes de Anticorrupción con el objetivo de intentar lograr un posible pacto.

Dicho acuerdo pasaría, según lo comunicado al fiscal por los letrados, por que los imputados reconocieran los delitos investigados en la pieza del caso Palma Arena sobre el Instituto Nóos por un supuesto desvío de dinero público, que devolvieran la cantidad presuntamente malversada y aceptaran una pena de prisión de 2 años o menor para evitar el ingreso en la cárcel.

Los fiscales anticorrupción no han mantenido aún ninguna reunión formal con los abogados ni les han ofrecido nada para un posible pacto, en espera de conocer los términos concretos del mismo.

Los acuerdos de conformidad entre imputados y el Ministerio Fiscal han sido definidos por la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moreto, como una práctica "muy habitual", ya que el Código Penal prevé las atenuantes de reparación del daño -devolver el dinero- y la confesión de los hechos -reconocimiento de la autoría-.
Moreto ha explicado a Efe que si Urdangarin y su exsocio devuelven el supuesto dinero defraudado al erario público ganaría toda la sociedad y, además, se lograría en cierta medida "desatascar" el colapso de los juzgados, en este caso el de Palma de Mallorca.

Pese a que los pactos judiciales sean habituales, según los fiscales, la noticia del posible acuerdo en el caso de Urdangarin y Torres ha provocado hoy las reacciones de partidos políticos.

El presidente balear, José Ramón Bauzá, ha valorado la posibilidad de que cualquier persona que haya defraudado devuelva a las arcas públicas "aquel dinero que se haya podido embolsar", ha afirmado que "no tiene que haber diferencias entre unos y otros" y que, si se confirman los delitos, "se tiene que devolver" lo que se haya defraudado.
Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha deseado que se aclare cuanto antes el caso de supuesta corrupción en el que está imputado el yerno del rey pero no ha querido entrar en las "estrategias" de su defensa porque cree que son asuntos privados sobre las que su partido "no tiene nada que decir ni objetar".

Desde el PSOE, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, se ha limitado a manifestar que "uno de los valores del republicanismo cívico es el sometimiento de todos los ciudadanos a la ley", incluido Iñaki Urdangarin.

Para el coordinador federal de IU, Cayo Lara, la justicia sería un "esperpento" si se llega a un acuerdo, y ha mostrado su deseo de que "no haya ningún tipo de 'chalaneo' entre la Fiscalía y los presuntos delincuentes en este caso, que pueden haberse llevado recursos de la Hacienda pública y de todos los ciudadanos".

Lara ha añadido que espera que la frase "la justicia es igual para todos" -en alusión a la pronunciada por el rey Juan Carlos en el discurso de Navidad- se cumpla.
De "escándalo" lo ha calificado el diputado de IU, Gaspar Llamazares, que ha dicho tener la impresión de que "la justicia no es igual para todos, no existe ni para los corruptos ni para la Casa Real, que parece son inmunes en este país".

Esta misma idea ha sido respaldada por el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, que ha exigido que se siga investigando el caso en el que está imputado el duque de Palma "para esclarecer todas las responsabilidades, salpiquen a quien salpiquen".

Urdangarin y Torres están imputados en la pieza sobre el instituto Nóos que instruye el juez del caso Palma Arena, José Castro, y que investiga varios delitos de corrupción relacionados con los contratos públicos por valor de 5,8 millones de euros que recibió la citada institución entre 2004 y 2007 de los gobiernos balear y valenciano por organizar eventos relacionados con el deporte.