Palma urge a la Delegación del Gobierno a desmantelar la acampada por la vivienda y empezará a imponer sanciones

Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación desde la World Travel Market (WTM) de Londres, ha afirmado que, de forma paralela a esta eventual intervención, la Policía Local comenzará a abrir expedientes sancionadores a los acampados que incumplan las ordenanzas cívica y de ocupación de la vía pública.

Después del desmantelamiento de la acampada de Sol, este mismo martes el primer edil de Palma ha trasladado formalmente al delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, una nueva petición para que haga lo propio con los acampados en la capital balear. A su parecer, la concentración ya no está amparada por el derecho a la manifestación y, por lo tanto, las administraciones deberían actuar en consecuencia.

"Se debería actuar igual que en Madrid, y nosotros lo haremos. Ya he dado instrucciones para que se haga cumplir la ordenanza cívica y la ordenanza de ocupación de la vía pública para volver a poner a disposición de la ciudadanía un espacio que nunca debería haber estado ocupado porque no le ampara el derecho de manifestación que nos han querido hacer creer en las últimas semanas", ha dicho.

Martínez ha argumentado que "Baleares no es distinto que Madrid, pues se aplican las mismas leyes y las mismas normas". "Si en Madrid se entiende que esta concentración ya no está prevista en el derecho de manifestación, aquí tiene que pasar lo mismo", ha insistido.

La actuación policial en la acampada de Sol, ha esgrimido el alcalde, está justificada por "problemas de orden público" que también se han producido en la plaza España. "Ante ello debemos actuar y debemos prevenir", ha subrayado.

Mientras la Delegación del Gobierno "analiza" su petición, ha afirmado, la Policía Local de Palma comenzará desde este mismo martes a garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales. "Esas ordenanzas tienen sanciones económicas si se incumplen las normas. Se deberá identificar a quienes la incumplen, levantar acta y abrir un expediente sancionador", ha explicado.

El pasado 1 de octubre el Ayuntamiento ya reclamó formalmente a la Delegación del Gobierno que asumiera sus responsabilidades y adoptara las medidas necesarias para poner fin a la ocupación, una vez vencido el plazo que la propia organización había comunicado para llevar a cabo la concentración.

El Consistorio, en un comunicado, ha sostenido que la ocupación de la plaza España, un espacio público por el que transitan diariamente alrededor de 50.000 personas, dificulta las labores ordinarias de limpieza y mantenimiento municipales y limita el uso y disfrute de este espacio por parte del conjunto de los ciudadanos.

Asimismo, ha señalado que la instalación de cerramientos y otros elementos, así como la conexión a la red eléctrica sin autorización, puede ocasionar "desperfectos y deterioro" en el pavimento y en otros elementos del espacio público.

Cort ha insistido en que respeta el derecho de manifestación y concentración pero ha defendido que su ejercicio debe ser compatible con el cumplimiento de la normativa vigente y no puede justificar una ocupación indefinida del espacio público.