El Gobierno desmiente el "caos" por la regularización en Baleares al quedar citas presenciales en Correos o el INSS

La Delegación del Gobierno en Baleares ha apuntado que las cifras de citas solicitadas para la atención presencial en las oficinas de Correos o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), "refrendan que no hay caos" en el arranque del proceso de regularización de migrantes.

Así lo han asegurado el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y el secretario general de la Delegación del Gobierno en el archipiélago, Rubén Castro, en una rueda de prensa ofrecida este lunes, con motivo la apertura del plazo para la atención presencial para tramitar la regularización.

Castro ha detallado que hasta el miércoles se habrían solicitado menos de medio centenar de citas en la sede balear de la Seguridad Social y menos de 500 para todo el mes de abril en las oficinas de Correos de Baleares habilitadas para este papeleo, por lo que aún quedan fechas disponibles en estas instituciones para presentar las solicitudes.

De hecho, ha afirmado que algunas de estas citas ya se ha visto que decaen, porque los interesados consiguen la información por otras vías o presentan sus formularios por internet. Por eso, ha remarcado que pese a este "caos" al que aludían algunas administraciones, este lunes habría "transcurrido con normalidad".

Rodríguez ha atribuido las colas que se vieron en algunas instituciones a la "comprensible ansiedad o inquietud" que haya podido generar el comienzo de este proceso de regularización extraordinaria, pero ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los demandantes, ya que tienen margen hasta el 30 de junio para presentar las peticiones y ha recalcado que "no hay cupos". Al mismo tiempo, ha censurado la postura de los dirigentes del PP y representantes del Govern, a quienes ha reprochado que empleen este trámite para "criminalizar" a los migrantes cuando lo que se pretende es "darles derechos".

Asimismo, ha señalado que son los ayuntamiento los responsables de emitir los informes de vulnerabilidad social, por lo que ha planteado que si se refuerzan los servicios públicos durante la temporada turística, por qué no hacerlo ahora para atender a personas "vulnerables".

Ante la sensación de "caos" que se haya podido desprender de estas colas, ha pronosticado que "día a día se irán resolviendo". No obstante, ha subrayado que los trabajadores sociales ya presentaron una propuesta para la reestructuración de los servicios y ha citado sus quejas por las presuntas "instrucciones políticas" para no dimensionar las plantillas.

AYUNTAMIENTOS QUE REACCIONAN "DE UNA MANERA Y DE OTRA"

Por este motivo, ha hecho un llamamiento para el empleo del método del procedimiento telemático, ya que ha aseverado que será lo más "eficiente y seguro". Aún así, Rodríguez ha invitado a las administraciones locales a "flexibilizar" sus plantillas y ha subrayado que "ha habido ayuntamientos que han reaccionado de una manera y otros de otra".

En ese sentido, ha puesto de ejemplo a municipios como Inca o Manacor que "no han levantado la voz" e hicieron triajes en las colas para distribuir a las personas que empezaron a acudir la semana pasada. "Se adelantaron a un tema que se veía venir porque desde que se anunció la regularización, se sabía que se iba a requerir los informes de vulnerabilidad", ha manifestado.

Desde su punto de vista, el PP estaría "instrumentalizando" las instituciones para "oponerse al Gobierno", pese a que es una medida apoyada desde la patronal, la Iglesia y las entidades del tercer sector. "Es una iniciativa que quieren cientos de miles de personas que ya trabajan en España y que quieren huir de la explotación laboral, al participar de los derechos y deberes para ser ciudadanos de pleno derecho", ha remarcado.

El delegado del Gobierno ha incidido en que la regularización parte de una iniciativa legislativa popular, que firmaron más de 700.000 personas, por lo que ha rechazado los "palos en las rueda" que trataría de poner la presidenta del Govern, Marga Prohens, al anunciar un contencioso o los alcaldes del PP, que el viernes pidieron paralizar el proceso cuando algunos "apenas han tenido incidencia" del proceso en sus servicios municipales.

"El PP asume los postulados de la ultraderecha que quiere criminalizar la inmigración al señalarla como un problema y no como una oportunidad, además de hablar de personas ilegales como hizo el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado", ha opinado.

Uno de los puntos en los que ha puesto el acento es en la supuesta "saturación" de los servicios públicos a raíz de esta regularización, algo que ha achacado a la "ineficacia" e "ineficiencia" de las instituciones que los "descapitalizan" y "permiten un mayor peso de la atención privada en lugar de la pública" como, a su entender, pasa en la educación, la sanidad o la vivienda. Rodríguez ha argumentado que este discurso genera "inquietud" y "división" en la sociedad, por lo que ha invitado al PP a hablar en términos de "derechos, oportunidad y comunidad" dado que habría tomado una deriva "muy peligrosa".

LA SOCIEDAD BALEAR, "EJEMPLO DE INTEGRACIÓN"

Al mismo tiempo, ha hecho llamamiento a la sociedad balear que ha sido "ejemplo de integración" de tantas personas que han venido de fuera del archipiélago, para que "no sean solo bienvenidos los migrantes con la chequera y el talonario lleno", sino también los que buscan "una vida digna con su trabajo". Castro ha detallado que el documento de entidades que pueden asesorar en el proceso de regularización en Baleares está "vivo" pero, de momento, la única inscrita es CCOO a la espera de que haya nuevas incorporaciones.

Consultado por la interlocución que han mantenido con las corporaciones locales para coordinar el proceso, ha puntualizado que "ningún ayuntamiento" se dirigió a ellos para preguntarles por el decreto, aunque ha sostenido que los funcionarios municipales conocen el procedimiento para solicitar los informes de vulnerabilidad.

En cuanto a las críticas sindicales por la falta de refuerzos de las plantillas de los servicios estatales como Correos o Extranjería para cubrir el proceso, Rodríguez ha manifestado que las "respetan" pero ha considerado que los servicios pueden ser "suficientes" para atender este aumento del volumen de trabajo, porque se habrían ampliado horarios de oficinas y se habría pactado la retribución de horas extraordinarias.

Acerca de cuántas personas se podrían acoger a esta regularización, ha alegado que "no se sabe con certeza" pese a que cabe señalar que las oficinas de Extranjería ya tramitan 10.000 solicitudes de regularización por el procedimiento ordinario, que se añadirán a los nuevos demandantes.