Las familias monomarentales y de Sudamérica sufren una mayor exclusión residencial en Mallorca, según un estudio

La Fundación Sant Joan de Déu Mallorca ha presentado esta mañana en Palma un estudio sobre la exclusión residencial en la isla. La investigación corresponde al análisis del servicio de acogida que prestó la entidad entre los años 2018 y 2022, período en el que se atendieron a 436 familias. De las personas atendidas un 40% sufría una situación de urgencia social.

De este total, el 58,4% fueron mujeres y el 41,5%, hombres. El principal rol identificado fue el de madre (30,3%), seguido del de hijo (27,2%), hija (26,4%), padre (13,6%) y abuela (2,1%).

Respecto a la edad de los atendidos destaca la franja entre los 18 y los 35 años (22,5%), seguida por la de entre 0 y 7 años (20%). Las madres suelen oscilar entre los 18 y los 35 y los padres entre los 36 y 45.

El 37,3% de los hijos o hijas tenía entre 3 y 7 años y un 26,7%, entre 8 y 12. Los adolescentes representan un 24,8% y los bebés menores de 2 años, un 13,5%.

El análisis de todos estos datos ha permitido constatar que la gran mayoría de las familias atendidas por la Fundació Sant Joan de Déu a lo largo de estos años han sido monomarentales, el 55,6% del total.

El 41,3% fueron biparentales, mientras que solo el 3,1% contaban con el padre como única figura adulta.

Por lo que respecta al origen de las familias, destacan las procedentes de países de Sudamérica (68,1%), seguidas por las españolas (27,7%) y las de otros lugares (4,2%).

LA TRAYECTORIA HABITACIONAL

Según han explicado en una rueda de prensa dos de las investigadoras que han elaborado el informe, Nuria Martínez y Susana Batle, estos datos permiten realizar un diagnóstico de la exclusión residencial que podría servir para articular políticas que garanticen la inclusión y, especialmente, la protección de los menores.

Aunque el análisis --realizado entre 2023 y 2024-- se limite a las familias atendidas en el centro de la Fundació Sant Joan de Déu, ha afirmado Batle, da "muchísima información sobre la situación en Baleares".

Más allá del perfil de las personas en situación de exclusión residencial, el estudio refleja la situación en la que éstas llegaron al recurso de acogida y en la que salieron.

La entrada fue mayoritariamente por motivos de urgencia social (54,5%), es decir, al verse abocadas a tener que dormir en la calle esa misma noche, seguida de la finalización de un contrato de alquiler.

Venían, principalmente, de residir en una vivienda considerada insegura (47,2%), de no disponer de una (17,2%), de una situación normalizada (16,2%), de la calle (2,7%) o de una vivienda inadecuada (0,7%).

La salida, por su parte, la consiguieron tras haber finalizado el proceso de acogida (43,8%), mientras que otras muchas lo hicieron por voluntad propia.

Del espacio de la fundación se marcharon a una vivienda compartida (33,1%), a otro recurso asistencial (24,1%), a una habitación de alquiler (19,7%), a otro país (1,7%), a una vivienda social (0,2%) o a un hostal (0,2%).

"Muchas se van a viviendas compartidas que, muchas veces, no cumplen con los requisitos legales o no tienen un contrato a su nombre", ha reconocido Batle.

LAS PERSONAS MIGRANTES

Martínez, por su parte, se ha detenido en análisis de las personas migrantes que se encuentran en situación de exclusión residencial, la mayoría de ellas procedentes de países de América Latina.

El hecho de que migren a España, ha explicado, se debe en muchas ocasiones a cuestiones de seguridad como la intención de proteger a sus hijos, evitar rutas migratorias más peligrosas --ha puesto el ejemplo de Estados Unidos-- o el crecimiento de las redes de narcotráfico.

Muchas de ellas, ha señalado, llegan concretamente a Mallorca a raíz del contacto con algún compatriota que ya se encuentra en la isla y que les permite, de forma temporal, tener un lugar en el que vivir.

"Cuando llegan suelen encontrar una sensación de desasosiego y escasez. Encontramos personas que no venían de la calle, sino que tenían recursos para coger un avión y llegar hasta aquí. Es un choque frontal entre sus expectativas y la realidad que se encuentran", ha indicado la investigadora.

Los niños, ha proseguido, son quienes se enfrentan a situaciones especialmente dolorosas que, a su vez, repercuten en el estado de ánimo de sus progenitores y en su preocupación por la posibilidad de que les retiren la tutela.

Martínez, entre otros causantes de la situación de exclusión residencial que viven las personas migrantes, ha apuntado de forma directa a la ley de extranjería. "Dificulta más la acogida y que puedan acceder a una vivienda", ha reprochado.

También ha destacado las políticas de vivienda y los elevados precios del mercado inmobiliario, así como la reproducción de "dinámicas clasistas y racistas" por parte de los caseros y las inmobiliarias, como otra de las principales trabas a las que se enfrentan estas familias.

LAS CONCLUSIONES

Entre las conclusiones extraídas por las investigadoras y plasmadas en el estudio destaca precisamente "las violencias, vulneraciones de derechos y necesidades no cubiertas" a las que se ven sometidas las personas migrantes al llegar a Mallorca.

"Son víctimas de prácticas ilegales e incluso delictivas sin ser conscientes de cuáles son sus derechos en España, dónde denunciar ni cómo hacerlo sin ser deportados por su condición administrativa irregular", subraya el documento.

Es por ello, propone, que sería conveniente diseñar programas preventivos que puedan reducir la exposición de estas personas a la exclusión residencial y una coordinación con un asesoramiento legal especializado.

El estudio también llama la atención acerca del "factor estresante adicional" al que se enfrentan las personas con diversidad funcional derivado de la dificultad para encontrar soluciones habitacionales o incluso ver reconocida su dependencia.

Las mujeres embarazadas en esta situación, prosigue, también requieren de una mayor atención médica y de mayor tiempo de descanso, entre otras cuestiones, que debería ser una prioridad en los recursos de acogida.

DIEZ AÑOS DE LABOR SOCIAL

La directora de la Fundació Sant Joan de Déu, Inma Iglesias, ha hecho un repaso de la labor social realizada por la entidad durante sus diez años de vida.

"Todo comenzó cuando la realidad nos interpeló con fuerza: familias y niños sin casa, alojados en una pensión y sin acompañamiento", ha recordado.

En 2015, pusieron en marcha Es Convent, por donde han pasado desde entonces 1.162 familias compuestas por 3.368 personas. La fundación también ha acogido durante estos años a víctimas de violencia machista, refugiados de la guerra de Ucrania o solicitantes de asilo político.

Además, se han llevado a cabo programas socioeducativos, se han puesto en marcha una tienda de moda solidaria en Palma o se ha brindado especial atención a las personas que quedaron desamparadas durante la pandemia del coronavirus.

Así hasta llegar a 2024, cuando se produjo el "cambio estructural" de la llegada de una amplia mayoría de familias monomarentales que obligó a aplicar una perspectiva de género y llevar a cabo un abordaje específico para esta problemática.

El año pasado, además, la fundación consiguió los "mejores resultados de su historia" con un 84% de las familias que consiguieron sus objetivos del plan de acompañamiento, un 82% que salieron de manera autónoma y un 38% que accedieron a un empleo.

Los retos de cara al futuro, ha adelantado, son afrontar "la realidad oculta" del sinhogarismo femenino. "No podemos permitir que ninguna quede fuera del sistema por falta de recursos adaptados", ha zanjado.