Desalojo de la antigua cárcel de Palma: "No queremos que nadie muera quemado o asfixiado en un incendio"

El regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha afirmado este miércoles, en el primer día de control de accesos a la antigua prisión de Palma, donde viven unas 200 personas, que el Consistorio no quiere "que nadie muera quemado o asfixiado en un incendio".

En declaraciones a los medios el primer día de control de accesos a la antigua prisión de Palma, el edil ha insistido en la cuestión de la seguridad que ha motivado el desalojo de la instalación, a raíz de varios incendios, al parecer provocados en los últimos días. "Lo único que nos preocupa es que ninguna persona de las que vivan aquí de dentro puedan morir calcinadas después de los hechos que tuvieron lugar este fin de semana. Nuestra preocupación es máxima y por eso hemos tomado esta decisión", ha afirmado.

Bonet ha reiterado que el Ayuntamiento trabaja para que ninguna de las personas que habita en la antigua instalación tenga pasar una sola noche a la intemperie y ha insistido en la necesidad de la colaboración con otras instituciones, como el Ejército o el Obispado de Mallorca, que tienen instalaciones que pueden poner a disposición. Durante dos días, el Ayuntamiento elabora el censo pertinente para arrancar con las acciones legales. Este censo se elevará el viernes a la Junta de Gobierno, tras la cual se celebrará una Junta de Seguridad con Guardia Civil, Policía Nacional y Delegación del Gobierno para ejecutar las acciones pertinentes y cumplir los plazos legales.

"Podemos pretender dejar esto vacío mañana, pero la realidad es que la legalidad nos obliga a cumplir una serie de plazos", ha añadido. Una vez que las personas reciben su notificación, tienen cinco días para alegar, luego se les citará y en cuatro días tendrán que desalojar. Si algún morador no abandona el lugar de forma voluntaria, ha advertido el regidor, se trasladará la cuestión a la vía judicial.

Este mismo miércoles, ha explicado, hay prevista una reunión con representantes del Obispado de Mallorca para ver cuántas habitaciones podría poner a disposición de estas personas. "Tenemos una situación crítica que ha ido degenerando en los últimos años y, por lo tanto, necesitamos una acción conjunta también para resolverlo", ha concluido.

Por su parte, la regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, ha acusado al alcalde de Palma, Jaime Martínez, de utilizar el "método Albiol" para "dejar en la calle a gente que ya está viviendo en condiciones que nadie desearía". También desde la antigua prisión, la coordinadora de Podemos ha asegurado que las alternativas que está ofreciendo el Ayuntamiento no ofrecen ninguna solución para estas personas.

"Hay muchas personas en situación administrativa irregular y el Ayuntamiento tampoco está ofreciendo la información que podría ofrecer sobre la regulación extraordinaria", ha añadido. Para Muñoz, es "absolutamente lamentable" la situación en que se está dejando a las personas que habitan en la antigua prisión. "Están dejando a personas que ya están en una situación muy difícil en el desamparo absoluto en la calle. Tampoco están dando la información que necesitan para poder acceder a esos servicios sociales", ha afirmado.