El ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx se vuelve a sentar en el banquillo

Massot vuelve este viernes al banquillo por favorecer la concesión de una licencia en terreno protegido

El ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, quien en la actualidad cumple condena en la cárcel de Palma por dos piezas del caso Andratx, volverá a sentarse este viernes en el banquillo de los acusados por avalar la concesión presuntamente irregular de una licencia para la construcción de un chalet de 140 metros cuadrados en terreno protegido.

ondacero.es

Andratx | 09.09.2011 09:31

El ex jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, quien en la actualidad cumple condena en la cárcel de Palma por dos piezas del caso Andratx, volverá a sentarse este viernes en el banquillo de los acusados por avalar la concesión presuntamente irregular de una licencia para la construcción de un chalet de 140 metros cuadrados en terreno protegido. Unos hechos por los que la Fiscalía reclama tres años y medio de prisión para el encausado mientras que la acusación particular, ejercida por el Consistorio, pide un total seis.

En concreto, el juicio, que corresponde a la pieza 9 de la causa, tendrá lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a partir de las 10.00 horas y está previsto que continúe el día 16. Junto a Massot están acusados el propietario de la vivienda, Emilio Martínez (alias 'el Panza'), su mujer María Jesús González y su hijo Pedro Martínez; el técnico jurídico Jacobo Rodríguez Miranda; el técnico municipal Gabriel Vicens; el arquitecto director de las obras Luis Ros; la administrativa Ángela Hernández, y el celador Jaume Gibert.

Tal y como postulan las acusaciones, tras adquirir la parcela por la "burlesca cantidad" de 31.252 euros, Martínez, su mujer y su hijo comenzaron entre 2002 y 2004 a efectuar obras sin ningún tipo de licencia en un Área Rural de Interés Paisajístico (Arip) sin que constase la existencia de construcción alguna sino tan sólo unas ruinas de una casa de aperos. Para ello, solicitaron un certificado de superficie y antigüedad a la acusada Ángela Hernández, quien de su puño y letra anotó la inscripción de 50 metros cuadrados -en referencia a los restos existentes- "a sabiendas de la falsedad de dichos datos" para no obstaculizar la concesión de la autorización.