CASO SCALA: MEDIDAS CAUTELARES

La Audiencia retira pasaporte y prohíbe salir de España al exconseller Cardona

La sección Primera de la Audiencia ha aceptado imponer estas dos medidas cautelares tal como habían pedido la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la comunidad autónoma.

ondacero.es

Baleares | 13.05.2013 00:00

La Audiencia de Palma ha acordado retirar el pasaporte y prohibir salir del territorio nacional al exconseller de Comercio e Industria de Baleares Josep Juan Cardona, juzgado por presunta corrupción en el llamado caso Scala.


Sin embargo, no ha aceptado la petición de que Cardona comparezca diariamente en sede judicial y ha ordenado que se presente únicamente el día 1 de cada mes.

Cardona es el principal acusado del caso Sacala, que quedó visto para sentencia el pasado día 9 y en el que se enfrenta a una petición de 21 años de cárcel.

Al final del juicio el exconseller no hizo uso de su turno final de palabra en el juicio, pero al abandonar la Audiencia declaró: "Si no me he ido hasta ahora, no me iré".

En la vista fueron juzgados diecisiete acusados por el expolio de más de 11,5 millones de euros de las arcas públicas baleares durante la legislatura 2003-07, a través del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB).

De los diecisiete imputados, quince aceptaron las penas mediante conformidades que suponen la aplicación de atenuantes de confesión y reparación del daño.

La petición definitiva de penas de cárcel por parte de la Fiscalía y la comunidad autónoma es de 51 años y 9 meses entre todos, de manera que los cinco principales acusados afrontan condenas que implicarían su ingreso en prisión (por penas de más de 2 años).

Las multas reclamadas ascienden en total a 9,38 millones de euros. La responsabilidad civil solicitada se incrementó de 8,27 millones a 11,5 millones de euros y 1 millón de dólares porque contempla las cantidades íntegras de fondos públicos defraudados, a las que habrá que añadir los intereses legales que impliquen.

El exconseller Cardona afronta una petición de 21 años de cárcel, multa de 7,5 millones de euros y una responsabilidad civil de 1,2 por siete delitos: asociación ilícita, malversación de caudales públicos, delitos continuados de cohecho, prevaricación, falsedad documental por funcionario y en documento mercantil y fraude a la administración.