La organización ecologista Gob ha asegurado que entre el Govern y el Ayuntamiento de Campos se gastarían 1,1 millones de euros de dinero público en la urbanización ilegal de Ses Covetes, cuyos 68 apartamentos están obligados a ser demolidos por una orden judicial que aún no se ha cumplido.
Según explica en un comunicado el Gob, el Ayuntamiento de Campos "ha dedicado más tiempo y recursos a impugnar la demolición (de Ses Covetes) que a hacerla efectiva", con lo que ha gastado más de 700.00 euros defendiendo a los promotores de Ses Covetes".
Además señala que ahora "el Govern quiere pagar el 75 % de la demolición", que suponen 450.000 euros. En total, "1,1 millones de euros públicos. Vergonzoso", añade.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares (TSJIB) de 2008 obliga al Ayuntamiento de Campos a demoler los 68 apartamentos ilegales; y otra del 13 de noviembre de 2012 da un plazo de seis meses y establece un calendario para su cumplimiento; sin embargo, el consistorio no ha acatado la decisión judicial y ha presentado varias alegaciones que han sido rechazadas.
Según el Gob, el plazo para iniciar las obras de demolición terminó el pasado 14 de marzo sin que estas hayan empezado, con lo que el consistorio de Campos han incumplido el segundo término de la sentencia del pasado año.
Para el Gob, esta decisión "supone un auténtico despropósito, ya que al final con el dinero de todos los ciudadanos se pagará la actuación ilegal de distintos técnicos municipales y sobre todo de distintos alcaldes y regidores del Ayuntamiento de Campos".
Tampoco considera justo que sean "todo los campaners quienes paguen estas obras", ya que deberían asumirlas los responsables municipales que dieron la licencia y rechazaron los recursos e impugnaron las resoluciones judiciales.