El gobierno modifica el II plan de gestión del lobo y pretende retomar, en septiembre, el control poblacional

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó este pasado lunes el decreto que modifica el II Plan de Gestión del Lobo con el objetivo de adaptar la normativa a la doctrina del Tribunal Supremo y poder reanudar las labores de control poblacional de la especie a partir del próximo mes de septiembre.

Así lo han anunciado este martes en rueda de prensa el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha. El titular de Medio Rural ha recordado que la revisión de este decreto tiene su origen en la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el artículo 75A del decreto de 2015, y ha subrayado que con la introducción del nuevo articulado el Ejecutivo autonómico demuestra "con hechos" su compromiso con el sector ganadero asturiano.

"Nos habíamos comprometido a que en el primer semestre, antes de finalizar el primer semestre, que estuviéramos en condiciones de aprobar el decreto. Así lo hemos hecho, y a partir de aquí lo que estamos es ya trabajando en la elaboración del programa de control poblacional 2026", ha destacado.

Marcos ha detallado que, tras la paralización judicial, la Consejería ha trabajado en una modificación que busca el "equilibrio" entre el sostenimiento de la especie y el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera, considerada fundamental para la comunidad. "El papel del Gobierno en nuestra defensa es la búsqueda de ese equilibrio", ha aseverado el consejero. Según ha reiterado, El Principado ya se está elaborando el programa de control poblacional para 2026 con el fin de iniciar las batidas en septiembre a tenor de los datos del censo de 2025.

INCREMENTO DE UN 11% EN EL NÚMERO DE MANADAS

El consejero ha defendido la postura "equilibrada y rigurosa" del Principado, fundamentada en criterios científicos y metodológicos que se aplican desde el año 2006, diferenciándose de la posición mantenida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al que ha reprochado que fomente la "polarización".

Según ha expuesto Marcos, la situación del lobo en la comarca biogeográfica del noroeste es "favorable", una postura que Asturias defendió la semana pasada junto a la mayoría de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Agricultura.

Para justificar la idoneidad de los controles, el consejero ha aportado datos del censo poblacional de 2025, que constata que el número de manadas en Asturias ha crecido un 11 por ciento hasta alcanzar las 50 --46 de ellas reproductoras y cuatro bajo seguimiento--. "Se han realizado controles y aún así el número de lobos en Asturias ha crecido, eso pone de manifiesto que, aún llevando adelante programas de control poblacional, claramente la especie está en riesgo", ha aseverado.

Marcos también se ha referido a los daños registrados en el sector. "En 2025 un total de 3.903 cabezas de ganado resultaron afectadas por el lobo y la Administración destinó 1,9 millones de euros a indemnizaciones, sin contar los daños no comunicados o gestionados por seguros privados", ha detallado.

A preguntas de los medios sobre el contenido de la reforma, Marcos ha concretado que los cambios se han centrado fundamentalmente en la exposición de motivos para justificar jurídicamente la decisión siguiendo las indicaciones del Tribunal Supremo. Asimismo, ha aclarado que el método básico para ejecutar los controles seguirá siendo el personal de la Guardería del Medio Natural, si bien se mantiene la previsión normativa de colaboración de los cazadores a través de cacerías en cotos, reservas regionales o batidas específicas.

Los cupos de ejemplares y las zonas concretas se determinarán a lo largo del mes de julio por los técnicos de la Consejería. "Se tiene que justificar, como indica el plan de gestión, muy bien, dónde y cómo se tiene que realizar esas actuaciones", ha apuntado. El consejero ha precisado que el plan no modifica las áreas de gestión actuales y que se hará especial hincapié en las zonas de no gestión "donde la presencia del lobo debería ser esporádica y donde se podrán continuar las actuaciones si se constatan daños reiterados".

El plan que estaba en marcha y que fue suspendido a raíz de la sentencia del Supremo, preveía la eliminación de 53 ejemplares, siendo abatidos 31 durante su vigencia y otros 13 aparecieron muerros. El grado de ejecución alcanzó el 83%.