Porque la ley introducirá múltiples novedades, pero dos fundamentales, dice Suárez Llana. Por un lado reconoce el "derecho subjetivo" a tener una vivienda (algo que la constitución no reconoce) y por otro garantiza que una vivienda protegida será siempre protegida. Con ambas cuestiones, se quiere construir un sistema público de vivienda en Asturias, similar al que ya existe con la sanidad o la educación.
Actualmente es imposible, dice Suárez Llana, porque solo el 2 por ciento de las viviendas en Asturias son públicas. Algo que desde IU achacan a la permisividad reinante para hacer negocio con la vivienda protegida. El gobierno asturiano sufragó la construcción de unas 30.000 viviendas, pero le quedan menos de 10.000. La nueva Ley impedirá que se pueda vender el mercado libre una vivienda protegida, que estará siempre destinada al alquiler. Suárez Llana pone como ejemplo el caso de Peritos en Gijón. Cuando finalice la concesión hecha a la constructora, las viviendas regresarán al Principado. Es la diferencia básica con el "fracasado" plan llave del gobierno municipal, apunta IU.
Respecto a la declaración de La Arena y Cimavilla como zonas tensionadas, el portavoz municipal de izquierda unida avanza que los expedientes están muy avanzados y su declaración es "inminente".