Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón aceptó unas medidas cautelares para que el proyecto siga adelante, pero no hay una sentencia firme. El plazo para optar a la construcción y explotación del estadio concluye mañana. El Real Zaragoza pone a disposición del Ayuntamiento el anteproyecto del nuevo estadio y los informes que ha elaborado. La alcaldesa, Natalia Chueca, culpa a la izquierda de esta situación. Asegura que tanto la ciudad como el club siguen queriendo un nuevo campo de fútbol por lo que buscarán una nueva fórmula. Podría plantearse crear una sociedad mixta para impulsar el estadio, y por eso pedirá apoyo al Gobierno de España, Gobierno de Aragón y Diputación de Zaragoza. Chueca cree que Zaragoza sigue en la carrera del mundial de fútbol de 2030 e insiste en que ahora hay que encontrar una fórmula que permita ejecutar el nuevo campo.
Podemos judicializó este asunto, ya que no compartía el modelo de cesión del derecho de superficie del estadio durante 75 años. La responsable de Comunicación de esa formación política, Marta de Santos, cree que hoy se ha demostrado que el proyecto del nuevo campo naufraga por la inseguridad jurídica que ha creado el PP. Pide a Azcón que cree una sociedad mixta con participación del ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento y el propio Real Zaragoza.
Desde el Partido Socialista creen que la situación es muy grave, ya Zaragoza pierde opciones para ser sede del Mundial de fútbol en 2030. La portavoz del PSOE, Lola Ranera, recuerda que esta formación política no ha judicializado la construcción del estadio, a pesar de que no compartían el modelo de gestión. Por eso, cree que el Ayuntamiento ha generado demasiadas expectativas.
El portavoz de VOX, Julio Calvo, cree que es un duro golpe para la ciudad, ya que corre el riesgo de no ser sede del mundial. Por su parte, el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, cree que hay que abandonar el camino de privatización y apostar por reformar la Romareda, cuyo coste se estimó en su día en cerca de 50 millones de euros.