El Justicia de Aragón pide un cambio en el modelo residencial aragonés, para que tenga en cuenta la dignidad de las personas. En base a las quejas ciudadanas y a la información facilitada por cien residencias aragonesas, el justiciazgo ha elaborado un informe sobre la situación en los centros durante el estado de alarma en el que se refleja la falta de coordinación sanitaria que se produjo, la falta de medios de protección (aspecto ya corregido), la precariedad laboral de los trabajadores o la falta de medios para afrontar la situación. Los retrasos en la apertura de los centros de día ha sido uno de los aspectos de gestión más criticados.
Según el informe, el 11% de los residentes fueron ignorados por la autoridad sanitaria. Además, se vulneraron los derechos esenciales de las personas que tuvieron que confinarse durante meses en su propia habitación, pese a vivir en residencias sin contagios. La imposibilidad de despedirse de los familiares fallecidos ha sido una de las cuestiones más duras para la sociedad. El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, también ha destacado que entre marzo y mayo, murieron casi 100 personas en Centros Covid, pese a que se vendieron como centros intermedios para ancianos que no necesitaban hospitalización.
El Justicia enviará sus sugerencias al Gobierno aragonés para que se incluyan en la comisión especial que estudia la mejora de la red asistencial y muchas coinciden con lo planteado por Derechos Sociales. Urge financiación para la Ley de Dependencia o cambiar la ley de ratios de trabajador por residente.