Otra de las conclusiones de ese documento es la reducción del número de niños. Así, el descenso de la población menor de un año ha sido del 30% en la última década. La tasa de pobreza infantil está también condicionada al lugar de nacimiento. Así, es del 40% en localidades como Épila, Caspe o Ricla y es menor del 15% en María de Huerva. Es lo que denominan injusticia espacial. El asesor del Justiciazgo, Andrés Esteban, pide a las administraciones más esfuerzos para mitigar los efectos en las familias vulnerables.
El informe también refleja el incremento de casos de acoso escolar o de ideas suicidas entre los menores de edad. Por eso, desde el Justicia reclaman al Gobierno aragonés que cree una dirección general específica para la infancia. También reclaman mejoras en el transporte escolar, refuerzos para el alumnado con necesidades especiales y más plazas de médicos para salud mental infanto- juvenil.
Además, el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, destaca la falta de pediatras en el medio rural y en la capital aragonesa. Desde el Justiciazgo también pide que se reduzca la burocracia y los trámites del día a día para las familias que acogen a menores.