26 de abril de 2025
El Gobierno de Aragón ha firmado un convenio de 4 millones de euros con el Ayuntamiento de Tarazona para impulsar la construcción de 260 viviendas en los terrenos de la antigua fábrica textil de la localidad. Ahora comenzarán los trámites urbanísticos en esos terrenos de 48.000 metros cuadrados para cerrar esa cicatriz urbana en pleno centro turístico de la ciudad. Las obras podrían comenzar dentro de dos años.
El alcalde de Tarazona, Tono Jaray, ha indicado que también ubicarán equipamientos necesarios para el municipio, como aparcamientos, zonas verdes y viales para contribuir al desarrollo turístico y habitacional de la localidad.
La vivienda es una de las prioridades de todas las administraciones. Por eso, en las Cortes hoy han comenzado las comparecencias de distintos expertos para aportar sus soluciones al problema de la falta de pisos. Esos argumentos se incorporarán a la futura ley de Vivienda que se está tramitando en las Cortes. Una norma con la que el Gobierno aragonés pretende contribuir a la emancipación de los jóvenes fomentando especialmente, la construcción de pisos públicos y protegidos.
El director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Carmelo Bosque, destaca que la tardanza de los jóvenes en independizarse afecta a las tasas de natalidad y contribuye al envejecimiento de la población. En las Cortes, ha detallado los objetivos estructurales de la Ley, incidiendo en regular el derecho a la vivienda mediante la "utilización racional" del suelo y la promoción de la vivienda pública para jóvenes, personas mayores o con discapacidad.
El problema de la vivienda continúa recrudeciéndose, aunque se agrava en el mundo rural. En esas comparecencias ante las Cortes, el director de la Cátedra de Despoblación y Creatividad de la DPZ, Vicente Pinilla, ha señalado que en los pueblos hay una escasa oferta, que es casi nula para alquilar y destaca el estado ruinoso de muchos inmuebles.
Una situación que es difícil de solucionar ya que, al contrario que en las ciudades, la iniciativa privada es mínima. Pinilla propone que los ayuntamientos elaboren un inventario de viviendas disponibles, rehabilitar inmuebles y solicitar excepciones legislativas para acometer los derribos. Para ello, sugiere al Gobierno de Aragón que facilite ayudas plurianuales para que los Ayuntamientos puedan ampliar y mantener el parque de viviendas públicas.