La comparecencia sobre fondos europeos termina con la amenaza del PP de acudir a los tribunales

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha explicado ante los grupos parlamentarios la reorganización del Presupuesto autonómico que ha realizado el Gobierno aragonés para adaptarse al reglamento de los fondos React-EU. Aragón confía en recibir 267 millones de euros, de los cuales 142 se destinarán al sistema de salud, 38 a la transición digital, 32 a infraestructuras sanitarias y educativas, 29 a políticas de empleo y 25 a la transición ecológica.

El consejero ha recordado que el reglamento no permite utilizar estos fondos para dar ayudas directas a las empresas, pero servirán para liberar recursos del presupuesto ordinario, que se destinarán a los sectores más afectados por la pandemia.

Para dar estas explicaciones, el consejero ha recurrido al artículo 240 del reglamento de las Cortes, que permite al Gobierno intervenir en el inicio de una sesión plenaria para exponer algún asunto de actualidad, que la oposición no haya incluido en el orden del día. Sin embargo, el Partido Popular cree que no estaba justificado en esta ocasión y su presidente, Luis María Beamonte, ha amenazado con ir a los tribunales; una intervención que ha sido criticada, a su vez, por los portavoces de PSOE y Ciudadanos.

Residencias de mayores

En el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, los fondos europeos se van a utilizar, entre otras cosas, para ayudar a las residencias de mayores a asumir los gastos extraordinarios de la pandemia y mejorar sus instalaciones.

Lo ha explicado la consejera, María Victoria Broto, en una comparecencia solicitada por Ciudadanos. La diputada de esa formación, Loreto Camañes, ha pedido al Gobierno que no baje la guardia, aunque esta sea la tercera semana consecutiva sin una sola muerte por coronavirus en las residencias aragonesas.

Broto también ha señalado que, desde el inicio de la pandemia, han ingresado en las residencias 2.200 nuevos usuarios. Ese dato muestra, en su opinión, que pese a todas las dificultades, las familias siguen confiando en el sistema asistencial aragonés.

Recortes en los servicios ferroviarios

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, mantiene su intención de dejar de pagar los servicios ferroviarios deficitarios, en las líneas Huesca-Jaca, Zaragoza-Lleida, Caspe-Fayón y Teruel-Caudiel. Insiste en que son competencia del Ministerio de Transportes, y señala que el Gobierno aragonés ya ha gastado cerca de 17 millones de euros en mantener esos trenes, desde 2016.

Durante el pleno de las Cortes, el diputado popular, Joaquín Juste, ha acusado al consejero de favorecer la despoblación en el medio rural. Soro cree que aún hay margen para la negociación con el Gobierno de España y ha confirmado que prorrogarán el servicio durante los meses de abril y mayo, mientras se llega a un acuerdo con el Ministerio.

Violencia de género

El pleno de las Cortes ha aprobado una reforma del Código de Derecho Foral de Aragón, para que los menores víctimas de violencia de género no necesiten el permiso del agresor para recibir atención psicológica. Todos los grupos políticos han respaldado esa medida, salvo Vox. El portavoz de la ultraderecha, David Arranz, ha restado importancia a las agresiones machistas y ha defendido que los hombres condenados por maltrato sí pueden ser buenos padres.

Finalmente, no ha habido acuerdo para incorporar la enmienda de Izquierda Unida. Su portavoz, Álvaro Sanz, reclamaba dar un paso más y retirar la patria potestad a los padres condenados por violencia de género.