Entrevista a Antonio Rodríguez, secretario provincial de COAG

La II Jornada Provincial Agro-Alimentaria valora el modelo agrario de explotación familiar

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha celebrado la II Jornada Provincial a la que han asistido unas 200 personas y donde se han tratado distintos asuntos que conciernen al sector primario de la provincia.

Redacción

Málaga |

Bajo el lema ‘Ante todas las adversidades, el cuidado de la tierra y los animales sigue siendo el futuro de la humanidad’, se ha desarrollado la Segunda Jornada Provincial de laCoordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG Málaga) con la asistencia de unas doscientos personas entre agricultores y ganaderos, donde se ha puesto en valor el modelo agrario de explotación familiar.

En este marco, se han desarrollado ponencias para abordar la problemática que afecta a los diferentes sectores de la provincia, así como la explicación de la conocida como Ley de la Cadena Alimentaria. Recientemente, COAG ha mostrado su satisfacción por la publicación del primer listado de empresas sancionadas por incumplir esta Ley, lo que, a juicio de los representantes de la Coordinadora, estas sanciones evidencian que sin ella no se protegería al sector primario en su derecho a percibir un precio digno por los productos elaborados.

La Ley de la Cadena Alimentaria tiene como objetivo prohibir la venta a pérdidas, aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y que se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa. Con su aplicación se busca lograr unos precios más justos para todos los operadores, en particular los que ocupan una posición negociadora más débil. De esta forma, los costes de producción se constituyen como la base de la negociación de los contratos escritos. Esta prohibición de destrucción de valor en la cadena alimentaria se extiende hasta el último eslabón de la cadena, la venta a los consumidores. Entre otros objetivos, se contempla establecer la obligatoriedad de formalizar el contrato por escrito en todas las operaciones comerciales, salvo las de precio inferior a los 1.000 euros y aquellas cuyo pago se realice al contado, y se obliga a los compradores a inscribir los contratos con los productores primarios.

Otra cuestión que afecta al sector es la petición de suspensión inmediata del acuerdo comercial en materia agraria entre la Unión Europea y Marruecos tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia europeo en la que se confirma que dicho acuerdo, modificado en 2019, viola el derecho internacional por vulnerar, en particular, los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental.