La sentencia: nueve meses de multa, una orden de alejamiento y el pago de una indemnización

Dimite la concejala de Igualdad de Pinos Puente tras ser condenada por agredir a una vecina

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Pinos Puente, Margarita Álvarez, de Izquierda Unida, ha presentado su dimisión por “motivos personales” después de que un tribunal la condenara por la agresión a una vecina.

Redacción

Granada |

Exconcejala de Igualdad de Pinos Puente, Margarita Álvarez | Ayuntamiento de Pinos Puente

La edil de Igualdad de Pinos Puente, Margarita Álvarez, ha abandonado sus responsabilidades en el gobierno municipal y su acta en la corporación tras la sentencia dictada por la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Granada. La concejala ha formalizado su renuncia alegando “motivos personales” después de que el tribunal la condenara por la agresión a una vecina.

La resolución judicial fija nueve meses de multa, una orden de alejamiento respecto a la víctima y el pago de una indemnización.

La oposición había pedido su dimisión

La renuncia llega después de que los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, Partido Socialista Obrero Español y Vox, reclamaran públicamente su dimisión la pasada semana tras conocerse la sentencia.

El municipio está gobernado actualmente por un tripartito formado por Izquierda Unida, el Partido Popular y Unión Independiente del Municipio de Pinos Puente, surgido tras una moción de censura que cambió el gobierno local el pasado mes de diciembre.

Expediente interno en Izquierda Unida

Tras la moción de censura que dio la alcaldía a Iván Fernández, también de Izquierda Unida, la dirección provincial del partido abrió un expediente informativo tanto a la concejala ahora dimitida como al propio alcalde, únicos representantes del grupo municipal de IU.

Con la salida de Álvarez de la corporación, el grupo deberá ser sustituido por otro miembro de la lista electoral con la que la coalición concurrió a las elecciones municipales de 2023.

La Fiscalía llegó a pedir dos años de prisión

El caso se remonta a finales de noviembre, cuando trascendió que la Fiscalía solicitaba dos años de prisión para Álvarez por un presunto delito de lesiones contra una vecina. Según la acusación, la víctima era madre de una testigo en un procedimiento judicial que afectaba a un familiar de la concejala.

En ese momento, la dirección provincial de Izquierda Unida en Granada señaló en un comunicado que, si se dictaba una sentencia condenatoria, se adoptarían “de inmediato las medidas necesarias y oportunas”, en consonancia con sus estatutos y su código ético.

Pocos días después de conocerse la petición de pena por parte de la Fiscalía, IU impulsó una moción de censura contra el gobierno municipal que hasta entonces compartía con el PSOE, formación que había ganado las elecciones municipales con mayoría simple. La iniciativa prosperó el 18 de diciembre, dando lugar al actual gobierno tripartito y situando a Iván Fernández como alcalde del municipio.