Madrid |
La entrevista de Álvaro García Ortiz en el programa de Jordi Évole ha reabierto el debate sobre su actuación en los hechos que derivaron en su condena. Un relato defendido con firmeza por el propio protagonista, pero que, según ha subrayado Carlos Alsina, deja fuera un elemento clave: su papel en los primeros meses del caso.
Durante la entrevista, García Ortiz sostiene que nunca cometió delito alguno y que su condena es injusta. Se presenta como el responsable de decisiones relevantes, como la respuesta a lo que consideraba una calumnia difundida por Miguel Ángel Rodríguez, la elaboración de una nota de prensa o la gestión de información sensible.
Sin embargo, Alsina pone el acento en el desfase temporal de ese reconocimiento. Los hechos se produjeron en marzo de 2024, pero no fue hasta junio cuando García Ortiz asumió públicamente alguna responsabilidad, y aun así sin reconocerse como autor directo. Según recuerda el análisis, hubo que esperar a la vista oral para que el ex fiscal general admitiera que todas las decisiones —incluido el contenido de los pasajes más controvertidos— habían sido suyas.
Es en ese punto donde el periodista introduce su principal objeción. La versión actual, expuesta ante Évole, presenta a un García Ortiz que actúa desde el inicio con determinación. Pero, según Alsina, omite una fase relevante: aquella en la que el entonces fiscal general permaneció en segundo plano.
"Este actuar desde atrás y desde arriba sin exponerse públicamente no apareció en el relato exculpatorio", señala. Durante esos meses iniciales, sostiene, García Ortiz habría evitado situarse como el artífice directo de las decisiones, dejando que la actuación se percibiera como institucional y no personal.
En su intervención televisiva, García Ortiz también cuestiona la imparcialidad del tribunal que lo juzgó, presidido por Andrés Martínez Arrieta. Argumenta que el conocimiento previo entre magistrados y procesado podría haber afectado a la objetividad del fallo. Además, defiende su decisión de eliminar mensajes y correos, insistiendo en que se trata de un derecho vinculado a la privacidad y no de una acción para ocultar pruebas.
Alsina ha concluido su análisis con una lectura política del caso. Pese a que tras la condena algunos sectores anticiparon una fuerte reacción social y política, esa movilización no llegó a materializarse de forma significativa. La figura del ex fiscal general ha ido perdiendo presencia en el debate público, más allá de apoyos puntuales y su reciente reaparición mediática.