La Audiencia de Granada condena a nueve años de inhabilitación al exconcejal Juan Antonio Fuentes por prevaricación
Por prevaricación administrativa relacionada con irregularidades en la contratación de servicios extraordinarios de la televisión municipal TG7. La sentencia anula el convenio de 2015 y las actas de liquidación de deuda asociadas.
La Sección Segunda de la Audiencia de Granada ha determinado que Juan Antonio Fuentes, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Granada, incurrió en un delito de prevaricación administrativa al firmar el convenio de servicios complementarios de TG7 en julio de 2015 sin competencia para ello y sin cumplir las normas de la Ley de Contratos del Sector Público.
El tribunal señala que no existía dotación presupuestaria, ni informes jurídicos que avalaran el pago de las facturas asociadas, lo que supone un incumplimiento grave del procedimiento administrativo.
Nulidad del convenio y actas de deuda
La sentencia declara nula la firma del convenio de 2015 y las actas de liquidación de deuda derivadas del mismo. La Audiencia subraya que este convenio no era un mero apéndice del contrato inicial de 2011, sino que implicaba modificaciones sustanciales y obligaciones económicas relevantes para el Ayuntamiento, pese a que Fuentes no tenía competencia para autorizar dichas acciones.
El tribunal aclara que lo relevante no es si los servicios extraordinarios se prestaron entre 2013 y 2015, sino que el convenio establecía obligaciones económicas sin fiscalización del gasto, lo que constituye la esencia del delito de prevaricación administrativa.
Antecedentes del proceso judicial
En noviembre de 2023, Fuentes había sido absuelto por la Audiencia Provincial. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimó el recurso de la Fiscalía, anuló la absolución y ordenó que los hechos fueran juzgados nuevamente por un tribunal distinto. El juicio se celebró en febrero de 2026, resultando finalmente en la condena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El caso TG7 supone uno de los episodios más relevantes en la fiscalización de contratos y gestión de la televisión municipal de Granada, destacando la importancia del control administrativo y de la transparencia en la gestión pública.