Marta García Aller señala la incapacidad de la política para resolver el problema de la vivienda: "En el caso de Maricarmen han fallado todos"

Déjame que te cuente lo que decía Pedro Sánchez hace una década a sus futuros votantes. No habría desahucios. Con la misma firmeza que prometió que no habría indultos, ni amnistía, que no politizaría las instituciones, que derogaría íntegramente la reforma laboral y que traería a Puigdemont de vuelta. Esto último puede que sea lo único que le dé tiempo a cumplir antes de las próximas elecciones. Aunque no era precisamente así.

Hay promesas y promesas. Cuando Sánchez prometía que con él en el Gobierno no habría desahucios, pasa lo mismo que cuando decía que no habría amnistía para los líderes del procés. Exactamente lo contrario de lo que prometió. Buena noticia para Puigdemont, mala para Maricarmen. El desahucio de la mujer de 87 años que ha provocado manifestaciones en las calles de decenas de miles de personas y ha dado la vuelta al mundo.

Miles de jóvenes y no tan jóvenes se manifestaban anoche con pancartas que decían "Todos somos Maricarmen". Porque Maricarmen no es una excepción. Solo en el primer trimestre de este año hay unos 45 desahucios al día. La mayoría afectan a personas que viven de alquiler.

Si el impacto del caso de Maricarmen está siendo tan grande, es en buena parte porque el mayor problema en España es la vivienda, como refrendan todas las encuestas recientes, es la escasez y los altos precios, que cada vez excluyen a más gente de un mercado desbocado. Y es difícil imaginar a alguien más vulnerable que una anciana de 87 años con un 50% de discapacidad y una pensión escasa.

Maricarmen no había dejado de pagar una sola cuota. Pero le habían multiplicado por cinco el alquiler. ¿Pero qué pasó con la moratoria de los vulnerables? Hay supuestos en los que se protege al vulnerable, otros no. La vulnerabilidad obliga a que se le busquen alternativas, pero no a que se tenga que quedar en casa.

Maricarmen no es una excepción. Es un símbolo. Uno muy poderoso de la magnitud del problema en España. Y de la falta de soluciones legislativas y sociales enquistadas en los últimos años. ¿Qué podría hacer la ley por ella? El Gobierno dice que es culpa de la Comunidad de Madrid. La Comunidad insiste en que es cosa del Gobierno y de los jueces, que aplican las leyes que este Gobierno no ha cambiado.

Maricarmen no es una excepción. Es un símbolo

Los socios del Gobierno de Sumar dicen que el ministerio Vivienda no está haciendo nada y la ministra de Vivienda dice que hace lo que puede, pero que los socios no la apoyan. ¿Quién ha fallado a Maricarmen? ¿El ayuntamiento, la comunidad, el Gobierno…? En este caso han fallado todos.

¿Quién ha fallado a Maricarmen?

Porque Maricarmen fue desahuciada en cumplimiento de una ley que este Gobierno, ocho años después, no ha logrado cambiar. No tiene mayoría para ello. Y cuando la tenía no la cambió.

Y ahora Sumar acaba de dar un ultimátum al Gobierno del que forma parte para aprobar el nuevo decreto de vivienda en el Consejo de Ministros, aunque no cuente con los apoyos para convalidarlo. En el ala socialista del gobierno están sentando mal las críticas de Sumar por su política de vivienda (o la falta de ella, más bien).

Y en los socios de gobierno incomoda la inacción del PSOE hasta hacerles responsables ante la opinión pública de que, tras ocho años de gobierno socialista, la situación de la vivienda no haya hecho más que empeorar. Desde el Gobierno culpan a las comunidades autónomas. Y viceversa.

Pero el problema de la vivienda en España, el principal problema del país en la opinión pública, solo sería posible si las distintas administraciones se ponen de acuerdo en impulsar de forma coordinada más vivienda social, en desatascar la burocracia, impulsar un alquiler asequible y ayudar a los más vulnerables a tener alternativas. En vez de eso, se están echando a Maricarmen a la cabeza.

Todos los frentes del Gobierno

Pero antes, volvamos a los frentes que tiene abiertos el Gobierno, que no son pocos. Porque al caso cloacas se le suma también la polémica de las joyas de Zapatero cuyo origen sigue sin justificar. Ayer el presidente Sánchez se negaba en Nueva York a responder si cree que el expresidente debería al menos devolver a Patrimonio Nacional esas joyas halladas por la UDEF.

Hoy el ministro Ángel Víctor Torres aviva la polémica con la extraña justificación que ha dado a que Zapatero aceptara joyas por un valor de 1,3 millones de euros, cuando era presidente.

No se le ha ocurrido mejor justificación al ministro canario que comparar las joyas con una caja de productos típicos. Como si fuera lo mismo una caja de dátiles que una de esmeraldas y rubíes. Aprovechó además para pedir una ley que regule los regalos a cargos públicos. Un reglamento que encima ya existe.

O el ministro de Política territorial desconoce que ya existe un Código de Buen Gobierno que fija límites a los regalos que pueden aceptar los miembros de la Administración, o quiere confundirnos. Pero comparando las joyas de ZP con una caja de anchoas o de Miguelitos de La Roda, en vez de quitarle gravedad a las joyas de Zapatero, lo que consigue el ministro Torres es hacer todavía más evidente la falta de sentido ético. Y del ridículo.