En julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirmó la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con lo que el tribunal europeo desestimaba así el recurso de Puigdemont contra la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad europarlamentaria, siguiendo la petición del Tribunal Supremo (TS) para que pueda responder ante la Justicia en España por su participación en el 1-O.
Desde julio hasta ahora se ha abierto un nuevo escenario para Puigdemont, ya que se ha convertido en la llave necesaria para facilitar una posible investidura de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones necesita los siete diputados de la formación independentista de Puigdemont.
Pero Puigdemont no va a dar su apoyo a Sánchez a cambio de nada. Ya ha puesto sus condiciones previas: una ley de amnistía que supondría el perdón y la renuncia a castigar a personas que han cometido ciertos delitos o faltas en el pasado.
Aunque todavía falta un mes para la investidura, -probablemente fallida-, de Feijóo y para que se ponga en marcha el mecanismo de una nueva ronda de contactos del rey para designar un nuevo candidato a ser investido presidente si Feijóo fracasa, Puigdemont necesita la ley de amnistía antes de primavera, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidirá entre marzo y mayo de 2024 si confirma la retirada de la inmunidad al expresidente catalán.
En ese momento, y si Puigdemont no ha conseguido la ley de amnistía y la resolución del TJUE es favorable a retirar la inmunidad al expresidente catalán, eso permitirá al juez Llarena presentar nuevas euroórdenes.
Cuando se conoció la decisión del TGUE sobre la inmunidad de Puigdemont, éste anunció que acudiría al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para presentar un recurso de casación contra la retirada de su inmunidad.