Desde que el pasado martes el líder de JxCAT, Carles Puigdemont, compareciera para fijar las condiciones de su formación para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, son muchas las dudas que han surgido sobre lo que suponen las peticiones del líder de la formación independentista.
El expresidente catalán exigió como condiciones previas para iniciar las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez una ley de amnistía, el reconocimiento y respeto a la "legitimidad democrática" y la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos.
Esta condición está generando gran debate por su posible encaje en la Constitución. El PSOE no se pronuncia al respecto y Sumar y Junts creen que tiene encaje en la Constitución.
Pero, ¿en qué consiste una ley de amnistía? La amnistía es un acto de perdón o indulgencia otorgado por una autoridad, generalmente un gobierno, que implica el perdón y la renuncia a castigar a personas que han cometido ciertos delitos o faltas en el pasado. Es una medida legal que busca poner fin a la persecución o penalización de un grupo específico de personas por acciones que han sido consideradas delictivas o contrarias a la ley en un momento dado.
Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, de la Real Academia Española (RAE), la amnistía se suele adoptar por razones de un cambio político extraordinario como puede ser un cambio de régimen, el fin de una guerra civil o de un periodo de excepción.
El precedente más claro en España es el caso de la ley de amnistía española, de 1977, que se concibió como un borrón y cuenta nueva para poner punto y final a la dictadura franquista.
La amnistía se diferencia del indulto en que el indulto este solo se concede a individuos concretos una vez hayan sido condenados, mientras que la amnistía afecta a un grupo mayor de personas haya o no sentencia. Otra diferencia es que la amnistía borra los antecedentes de los afectados y supone un olvido legal, algo que no ocurre con el indulto.
Otra diferencia fundamental es que la amnistía supone un olvido legal y borra los antecedentes de los afectados, lo que no ocurre en caso de indulto.
En cuanto al encaje legal de la medida, hay debate entre los juristas. Los que están a favor de su legalidad defienden que no hay un artículo de la Constitución que lo impida, y es que en la Constitución no se menciona expresamente esa palabra. Otros juristas defienden que no hay ningún artículo que la prohíba y porque entre las funciones del rey está el derecho de gracia.
En cambio, otro de los argumentos de los juristas en contra de que esta medida tenga un encaje constitucional es que si la Constitución prohíbe los indultos generales y si se prohíbe esta medida de gracia también se debería prohibir la mayor, que es la amnistía.