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El Ministerio de la Presidencia ha informado en una nota de que el Gobierno "considera que cualquier muestra o manifestación de intolerancia es siempre reprochable; y lo es más todavía cuando busca la repercusión pública aprovechando un espectáculo deportivo, que todos los españoles tienen derecho a disfrutar, sin la protesta y la perturbación que algunos quieran imponer".
"Las cuestiones ideológicas o políticas no deben interferir el normal desarrollo de los acontecimientos sociales, culturales y deportivos", añade la nota oficial.
Aprovechar un encuentro de fútbol, según el Gobierno, para escenificar una protesta de carácter político "es una falta de respeto para este deporte, para el conjunto de los aficionados y para todos los españoles, que tienen derecho a disfrutar de este partido como lo que es, un espectáculo deportivo, y, al mismo tiempo, a ser respetados a través de los símbolos que nos representan a todos y a nuestra democracia".
Presidencia opina que "quienes promueven y participan de actuaciones como ésta pretenden hacer pagar las consecuencias de su proceder a los aficionados al deporte y al conjunto de los ciudadanos, a quienes no demuestran la más mínima consideración"."En todo caso, la intolerancia de algunos no debe poner en riesgo la convivencia de todos", añade.
Presidencia del Gobierno ha anunciado en la misma nota que como consecuencia de lo sucedido esta noche durante la Final de la Copa del Rey se ha convocado para el próximo lunes la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, con el objetivo de "proceder a denunciar las actuaciones inconvenientes y, en su caso, proponer las sanciones que fueran procedentes, en aplicación de la vigente legislación, cuyos principios deben ser preservados".
El Gobierno informa de que esta decisión fue comunicada a los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol y de los clubes participantes en la final, en cartas remitidas el pasado 27 de mayo por el presidente del Consejo Superior de Deportes y el secretario de Estado de Seguridad.